La AUME denuncia que “se está tratando a los militares como objetos” ante el proyecto de Monte la Reina

La Asociación Unificada de Militares Españoles denunció hoy que “se está tratando a los militares y a sus familias como objetos” y reclamó “incentivos y voluntariedad” ante el proyecto de ubicar dos batallones del Ejército de Tierra en los terrenos del antiguo campamento de Monte la Reina, en el término municipal de Toro (Zamora). “Hay una cosificación de las personas que es intolerable. Se tiene que saber que trasladar unidades militares puede suponer el traslado forzoso de hombres y mujeres que las integran y, a su vez, de sus familias”, afirmó el secretario de Comunicación de la AUME, Jorge Bravo.

“Hablamos de trasladarse a otra provincia, lo que puede suponer la pérdida del trabajo del cónyuge, que los hijos tengan que abandonar esa estabilidad que toda la familia desea para ellos; que haya familias que, por tener personas discapacitadas en su seno, se les avecine un grave problema y, en definitiva, una multitud de problemas que no hemos visto desde las instituciones ni desde estas organizaciones de desarrollo económico de la provincia hablar de ello”, enumeró.

Jorge Bravo hizo estas declaraciones en el Hotel AC by Marriot, en la capital zamorana, adonde acudió para informar sobre la incidencia del proyecto de Monte la Reina en los miembros de las Fuerzas Armadas ante los anuncios de reactivación del campamento militar. “Somos conscientes de la situación sufre Zamora a consecuencia de la despoblación y, por eso, estamos que cualquier iniciativa que se realice que sea justa y sin detrimento de otras zonas o de personas, que sirva para paliar las deficiencias que dicha situación origina cuenta con el total apoyo de nuestra asociación”, aseguró.

“Lo que sí que parece seguro es que esta iniciativa, creada hace tres años, parece que toma ahora solidez y va hacia adelante y parece ser que Monte la Reina puede ser lugar de acogida para unidades militares con el único propósito de repoblar Zamora”, añadió.

El representante de la AUME criticó que “ni Zamora10 ni el Ministerio de Defensa hayan hablado de las personas, militares y sus familias, de sus necesidades, de lo que la desmoralización y el desarraigo que ello supone hará cambiar sus vidas, su ámbito social, su vida personal” y apostilló: “Hablan sobre lo mucho que pueden aportar los militares y sus familias al desarrollo económico de la provincia y así oímos hablar del aumento del PIB, el posible aumento del empleo y la dinamización económica de la región”.

No obstante, Jorge Bravo recordó que el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, “sí ha expresado esa sensibilidad con respecto al trato que se debe dar a los militares y sus familias”, y que la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, “nos ha transmitido su deseo de tenernos informados a las asociaciones de todo aquello que pueda afectarnos, a lo que nosotros nos debemos, que no es otra cosa que la defensa de los derechos y los intereses de los militares”.

Por otra parte, la AUME acusó al Ministerio de Defensa de “falta de transparencia y de diálogo”, al “no comunicar sus intenciones” a los posibles afectados ni a los representantes de las asociaciones profesionales. “Este grave déficit de transparencia y de diálogo conlleva una gran indefensión para todas estas personas que están siendo marginadas. No se está contemplando que, al final, de lo que estamos tratando aquí es de personas, sobre todo, y de sus familias y de las posibles necesidades que puedan tener en caso de ese traslado forzoso que se prevé”, insistió.

Defensor del Pueblo

En este contexto, la Asociación Unificada de Militares Españoles anunció que emprenderá las acciones legales “pertinentes en defensa de los militares y contra su cosificación”, ya que “se puede convenir, dialogar y llegar a acuerdos pero no se puede beneficiar a una parte mediante el perjuicio de otra”.

“Hemos comenzado por nuestro propio Consejo de Personal, que es donde nosotros hacemos interlocución con el Ministerio de Defensa y hemos pedido explicaciones y, sobre todo, información sobre el proyecto. Hasta la fecha, el Ministerio no nos ha informado ni a las asociaciones profesionales ni a los militares”, expuso, además de recalcar que, según los medios de comunicación, los militares que se trasladen pueden ser de Artillería y Zapadores. “Parece que no ha dicho ningún organismo oficial de forma pública pero así ha trascendido. Todos los militares destinados en esas unidades están ya pensando en que les puede tocar a ellos y ello origina una gran intranquilidad”.

“Estamos plantearnos dirigirnos también al Defensor del Pueblo y, en su momento, si viéramos necesario porque hubiera fraude de Ley o una desviación de poder, actuaríamos ante los tribunales”, advirtió.

Jorge Bravo hizo hincapié en que los militares están "para lo que el ordenamiento legal y constitucional marca en España, no para lo que personas con falta de conocimiento sobre la materia puedan decir” y apuntó, en alusión a Zamora10: “Hoy nos hemos desayunado con declaraciones de algún miembro de alguna plataforma de desarrollo de Zamora, indicando lo que somos los militares y para qué estamos. Los militares tenemos muy claro cuáles son nuestras responsabilidades y objetivos y está perfectamente definido en la Ley”. 

En cualquier caso, el secretario de Comunicación de la AUME apuntó que, “con la mano, es legal realizarlo porque en nuestro ordenamiento hay un vacío en el sentido de que no hay ninguna norma que regule cómo se deben realizar estos traslados y proteger los derechos de estos trabajadores”.

En este sentido, reconoció que “hoy se traslada una unidad de una provincia a otra y es legal porque es inherente a lo que operativamente pueda exigir la defensa de la nación” pero rechazó que los traslados “no se produzcan por necesidades de la , sino por la repoblación de una provincia”.