Castilla y León recibirá 152 millones en tres años para reconstruir su modelo de cuidados y atención residencial

​ Mañueco pide “agilizar” la llegada de los fondos europeos y Belarra se marca como reto ejecutar con la “mayor celeridad” los proyectos
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Castilla y León recibirá entre 2021 y 2023 un total de 152 millones de euros de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia del COVID-19, de los que 41 llegarán ya este año, para reconstruir su modelo de cuidados y transitar hacia un nuevo sistema de atención residencial, que haga más parecidos a un hogar a estos centros y permita a los mayores permanecer, con los servicios que necesiten, más tiempo en sus casas.


La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, suscribieron hoy en Valladolid un convenio de colaboración para la ejecución de los proyectos seleccionados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y expresaron su compromiso de mantener la colaboración en el futuro. “Hay una buena relación entre los equipos”, dijo el jefe del Ejecutivo autonómico, quien desveló que se conocen desde antes y trabajan con “mucha fluidez”.

Asimismo, el presidente hizo hincapié en la necesidad de “agilizar” la llegada de los fondos europeos y remarcó que la Junta invertirá con la ayuda europea un total de 194 millones hasta 2023 para modernizar los centros residencias e incorporar la domótica, la robótica así como los sensores y aparatos, que les permitan haer más accesibles y “más humanos” los servicios sociales. Además, valoró el desarrollo de la teleasistencia avanzada.


Belarra, por su parte, indicó que los proyectos tienen como pilares el refuerzo de lo público y el cambio del modelo del sistema de cuidados, porque señaló permitirá transitar hacia otro sistema residencial, que recordó ha mostrado sus “límites” durante la pandemia, de forma que se quiere impulsar la atención domiciliaria, para que las personas puedan recibir servicios en sus casas cuando lo deseen.


Además, la ministra explicó que este convenio contempla inversiones orientadas a la creación, remodelación y equipación de los centros residenciales, así como su reconversión en plataformas de proximidad, que indicó ayudarán a las personas a que puedan vivir en sus casas y aquellas que no puedan hacerlo se encuentren en un espacio lo más parecido a un hogar.


Para ello, la titular de Derechos Sociales indicó que se financiará la adquisición de equipos de teleasistencia avanzada o servicios avanzados, para avanzar en la digitalización, en los sistemas de inteligencia y en la tecnología que permita cerrar brechas de desigualdad. También aseguró que no se olvidan de los que viven en los núcleos más pequeños, puesto que se pretende acercar los servicios sociales a todas las personas, porque recalcó que tienen derecho a tener garantizado su derecho al cuidado.


Estos proyectos, continuó la ministra, son especialmente importantes en su opinión para Castilla y León ante la demanda “creciente de cuidados” y añadió que contribuirán a activar la denominada “economía de los cuidados”, que además remarcó ayuda a combatir la despoblación, porque son servicios que no se pueden deslocalizar. También puso el acento en el impacto que tendrá para las castellanas y leonesas, ya que recordó que las mujeres en el medio rural llegan a donde no lo hace la administración y se echan sobre sus espaldas la tarea de sostener la vida en los pueblos donde a penas hay servicios públicos.


Sistema fuerte y vanguardia

Belarra, por tanto, subrayó el paso decidido del Gobierno para impulsar aquellos servicios llamados constituir un sistema estatal de cuidados “fuerte y robusto”, para que dejen de ser una tarea “invisible”, “precaria” y “mal valorada”. En ello, igual que este año y medio, confió en que se sigan encontrando su ministerio y la Junta.


Mañueco sostuvo que Castilla y León está y quiere seguir estando en la vanguardia en la atención a las personas más vulnerables y en la gestión de los servicios sociales. De la misma forma, coincidió con la ministra en el compromiso de defender lo público, y en la cohesión de género, social, territorial y sostenible, ya que manifestó que identifica lo que es la Comunidad. A todo, remarcó van a contribuir de manera importante los fondos europeos.


En relación a la financiación de la dependencia, Fernández Mañueco aseguró que Castilla y León es la comunidad “mejor valorada” y la única obtiene la calificación de “sobresaliente” y reconoció el esfuerzo del Ministerio por incrementar las ayudas del Estado para la dependencia para alcanzar el porcentaje que marca la ley. Al respecto, el presidente manifestó que para alcanzar ese objetivo queda “tiempo”, si bien agradeció el “esfuerzo” y el “empujón económico” dado por el Gobierno con su plan de choque.

La ministra destacó la mejora de la financiación de la dependencia y añadió que en 2021 Castilla y León recibió la mayor aportación en la historia, porque puso el acento en construir una sociedad “más fuerte y resiliente”, y avanzar hacia una reconstrucción justa, feminista y ecologista.


Además, Ione Belarra aseguró que el Gobierno primero con el escudo social y ahora con la inversión de los fondos europeos está demostrando, a su juicio, que existe una manera diferente de gestionar la crisis, porque remarcó que en vez de recortar lo público, lo fortalece, y en lugar de eliminar derechos, los amplía. También, apuntó que esta política no solo es más justa, sino que para ella es más eficaz en términos económicos.


Por último, el presidente de la Junta aseguró que tienen “claro” que los servicios sociales son una “prioridad” para cuidar y proteger a todas las personas vivan, donde vivan, en una comunidad tan grande y dispersa en materia de sanidad, educación, dependencia y servicios sociales. De hecho, destacó que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades recibirá la cantidad “más grande” de la historia, 1.216 millones, un 12 por ciento más que el paño pasado, con el objetivo de atender a más personas y con mejores prestaciones. Para ello, concluyó que la colaboración entre administraciones permitirá lograr un resultado “óptimo” y avanzar “más y mejor”.