El Ayuntamiento de Zamora estima el recurso de IGM y adjudicará el contrato de parques y jardines a la siguiente empresa

El concejal de contratación, Miguel Ángel Viñas, ha dado a conocer hoy la estimación por parte del Ayuntamiento del recurso de reposición presentado por la empresa adjudicataria del contrato de parques y jardines 'IGM', por lo que se procederá a la devolución de la fianza depositada y se propondrá la adjudicación del contrato a la siguiente, en este cado la 'U.T.E. Centro de Jardinería La Encina S.L. - Latania S.A.U.', por valor de 1.533.689,02 euros.

El motivo de la estimación de este recurso ha sido la introducción de un nuevo elemento, como ha sido el sobrepasar los dos meses desde la apertura del sobre B hasta la apertura del sobre C con la adjudicación definitiva, ya que el resto de alegaciones que hacían referencia a errores en los pliegos etc., fueron por completo desestimados, considerando que "si la empresa no realizo bien sus cálculos son errores achacables a ellos mismos conforme a la oferta presentada".

Miguel Ángel Viñas "ha reconocido y asumido el sobrepaso de dicho plazo" y lo ha justificado debido a la acumulación de trabajo por parte de los técnicos, ya que la tramitación ha coincidido con el otro gran contrato del Ayuntamiento, el de recogida de basuras y limpieza viaria, unido a la imputación del exjefe del Servicio de Parques y Jardines, que era quién debía analizar toda la documentación de este contrato, si bien desde el Ayuntamiento se le separó desde el principio ante las presuntas irregularidades que se le achacaban y que terminaron con su posterior imputación por presuntos hechos delictivos.

Por otro lado, el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha informado sobre la modificación de la 'tasa de extinción de incendios' que se llevará a la Comisión de Hacienda del próximo lunes, una ordenanza fiscal que viene de hace 20 años y que no ha sufrido ninguna modificación desde entonces, por lo que se "ha quedado obsoleta y debe adaptarse a los tiempos actuales".

El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento supone un coste anual para las arcas municipales de más de 3 millones de euros, un 5% del presupuesto municipal, mientras que la recaudación es mínima. Por ello, el equipo de gobierno ha estado trabajando para llevar a cabo una actualización completa de la ordenanza, de manera que "aumente su poder de autofinanciación, sin que ello repercuta en el bolsillo de los zamoranos".

INGRESOS MUNICIPALES

Con la nueva ordenanza, Diego Bernardo estima un incremento de los ingresos municipales de más de 400.000 euros, que se suman a los 584.000 euros que se ingresan del convenio con la Diputación y  los 250.000 euros de contribuciones especiales. Este incremento de la tasa "se repercutirá sólo a las compañías aseguradoras que tengan que pagar la tasa en nombre de sus asegurados". "Las personas que no estén aseguradas, no verán alteradas las tarifas, siendo las tarifas más bajas de España", como ha asegurado Diego Bernardo.

Con esta modificación se contribuirá a sufragar el coste global de mantenimiento del servicio, ya que hasta ahora la tasa solo cubría el coste efectivo de cada salida, es decir el coste del bombero en el tiempo de actuación.

Respecto a los ingresos provenientes del convenio con la Diputación, sirven para cubrir el incremento del coste de personal debido a los retenes obligatorios que hay que complementar cuando se actúa fuera del término Municipal, sin embargo también hay actuaciones privadas fuera del municipio que no están cubiertas por el convenio, que afectan al patrimonio privado y que en algunos casos pueden ser de una considerable envergadura. El concejal de Hacienda puso como ejemplo el incendio en Cobadú, empresa a la que ha mostrado su agradecimiento, al igual que a su aseguradora, por su buena predisposición desde el primer momento para asumir la liquidación de la actuación llevada a cabo por los bomberos del Ayuntamiento.

OTRA NOVEDAD

Otra de las novedades será la introducción en la ordenanza de una serie de actuaciones con una tarifa fija, ya que se trata de actuaciones susceptibles de ser realizadas por empresas privadas, a las que el Ayuntamiento no debe hacer competencia desleal, poniendo como ejemplo la apertura de una puerta, no por motivos de seguridad, sino por descuido de los propietarios.