Un preso prende fuego al colchón de su celda

ICAL

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destaca en un comunicado la profesionalidad del personal de la prisión leonesa de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, donde “una vez más, y a pesar de la falta de personal, la rápida intervención de sus funcionarios ha salvado a un interno que había incendiado su colchón”.

Los hechos sucedieron en el departamento de aislamiento, el pasado viernes 10, sobre las 15.30 horas, cuando se dispararon las alarmas de incendio y se comprobó que en la celda 10 había mucho humo.

Personados en el lugar, los funcionarios intentaron abrir la celda para sacar al interno y fue necesaria la intervención del personal de mantenimiento para desbloquear los circuitos de la puerta y poder abrirla, lo que provocó momentos de mucha tensión.

Afortunadamente, todo salió bien y una vez sacado de la celda el interno fue asistido por los servicios médicos del centro penitenciario. Es la segunda vez que este sujeto incendia una celda en el departamento de aislamiento, “sin motivo alguno que justifique sus acciones”, subraya CSIF.

“Dada la hora del incidente, cuando la mitad de la guardia está comiendo, se personaron rápidamente compañeros de otros departamentos para apagar el conato el incendio y evitar males mayores”, explica el sindicato independiente. Añaden que sucesos de este tipo demuestran la peligrosidad del trabajo que desarrollan los funcionarios de prisiones e insisten en la “necesidad y urgencia” de que se refuercen las plantillas, cubriéndose -al menos- las vacantes existentes-, que en la prisión de Mansilla de las Mulas son unas 120 de más de 530 empleados.

“La falta de personal está dificultando “gravemente la rutina diaria de la gestión de las prisiones, así como la correcta atención y tratamiento a los internos, propiciándose circunstancias y situaciones como la vivida ahora en el centro de Villahierro”, advierte el sindicato.

Asimismo, piden que se atiendan reivindicaciones que los funcionarios de prisiones demandan desde hace años, como el reconocimiento de categoría de agente de autoridad, la aprobación de una renovada Ley de Función Pública de Penitenciaría o la mejora salarial.