La ayuda se espera que se comience a percibir “lo antes posible”, en principio a partir de octubre, tras las implementaciones técnicas que permitan a Renfe hacer las verificaciones oportunas para comprobar la veracidad de los datos de las personas empadronadas.
Esta medida fiscal, dentro del ámbito de las competencias de la Junta, tiene como objetivo luchar contra la despoblación, “principal problema actualmente para los ciudadanos en todas las encuestas, mediante el aprovechamiento de la red de alta velocidad, actualmente claramente infrautilizada, pese al grandísimo desembolso que han hecho en ella los sucesivos gobiernos de España, pagada en gran parte con fondos europeos”, según informó la Asociación de Usuarios del AVE. Adicionalmente, la Junta pedirá la implicación del Gobierno central y al resto de administraciones locales.
En el caso de Palencia, lamentaron que “el principal problema” es que el Gobierno central no ha declarado como Obligación de Servicio Público (OSP) el tramo de línea de alta velocidad Palencia-Valladolid, lo que impide que Renfe pueda ofertar plazas o trenes con tarifa y abonos Avant, un producto “más asequible” que AVE o Alvia y con abonos y precios estables, “especialmente pensado para usuarios frecuentes”, y del que ya disfrutan otras capitales como Valladolid, Segovia y Salamanca en Castilla y León o Puertollano, Ciudad Real y Cuenca en Castilla- La Mancha.