“Queremos revisar un modelo residencial en el que priman los intereses económicos por encima de la calidad y la salud a nuestros mayores. Ordenaron no derivar ancianos a los hospitales, en la provincia más envejecida de Castilla y León, la tercera comunidad con más fallecidos, tras Madrid y Cataluña. Nosotros apostaremos siempre por que prime el modelo público”, añadió.
Ana Sánchez hizo estas declaraciones en la sede de los socialistas zamoranos, junto con el también procurador José Ignacio Martín, y el secretario general provoincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, después de que se hubiera firmado en las Cortes de Castilla y León de la creación de una comisión de investigación para determinar lo sucedido en las residencias de mayores, especialmente durante las dos primeras oleadas de incidencia de la COVID-19.
“La petición es posible gracias al nuevo escenario político tras la moción de censura que presentamos. Después de haber quebrado la confianza con la ciudadanía, también perdieron la mayoría en la Cámara y han empezado a perder votaciones. Se empiezan a ganar iniciativas de justicia y dignidad como esta”, aseguró.
“La política ha de ser útil para los ciudadanos y este es un buen ejemplo. El PP y Ciudadanos, en su enésima traición a su propia palabra, se han esmerado en boicotearla y hemos querido aprovechar que ya no pueden bloquearla”, agregó, en referencia a la creación de la comisión.
En este contexto, Ana Sánchez insistió en que “ha llegado el momento de saber qué pasó” y recordó que más de 4.000 personas fallecieron en las residencias de Castilla y León. “Más de 2.000, diagnosticadas por COVID-19, y más de 1.200, con síntomas evidentes, sin haber sido diagnosticadas, ya veremos por qué. Nos motiva saber qué pasó y devolver un poco de humanidad, afecto y dignidad a las familias de esas personas”, subrayó.
Los socialistas preguntaron cuántas personas de las residencias de Zamora habrían precisado hospitalización y no fueron hospitalizadas según las instrucciones recogidas en el documento de la Junta ‘Medidas generales para contener el impacto de la crisis de la COVID-19 en las residencias de carácter social’ y cuáles fueron los criterios de la Administración autonómica que dieron lugar a la instrucción de que “no fueran derivados al hospital los residentes”, entre otras cuestiones.
"Esperemos que esta comisión de investigación arroje luz para conocimiento de las familias y, en suma, de la sociedad zamorana", indicó José Ignacio Martín.
"Que se depuren responsabilidades políticas y morales. Esta comisión tiene una naturaleza particular. Por eso pido un poco de empatía a los dirigentes que siguen en la Junta, no se sabe hasta cuándo, por la situación de debilidad extrema del Gobierno, que no genera mucha certidumbre ", concluyó Ana Sánchez.