El decreto de venta de cercanía incluirá un registro para facilitar el contacto entre productores y consumidores

La Junta espera aprobar la normativa antes de que acabe el año, mientras ultima el proceso de tramitación del decreto para regular las lonjas, que verá la luz antes del verano
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Consumidor


El decreto de venta de cercanía, que la Junta de Castilla y León confía en aprobar antes de que acabe el año, incluirá un registro para acreditar a las microempresas y pymes que elaboran productos agroalimentarios artesanales con el fin de facilitar su contacto con los consumidores, entre los que se encuentran establecimientos de turismo rural, restauración y hostelería.


Así lo explica, en declaraciones a Ical, la directora general de la Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Gema Marcos, al señalar como uno de los objetivos del decreto autonómico “establecer una cadena de registro de los agentes que van a participar en la venta de cercanía” para facilitar su contacto y disminuir “la cantidad de intermediarios de la cadena de valor”, de tal manera que se acerquen productor y consumidor.


El registro, tal y como señalan desde la Dirección General de la Cadena Alimentaria, tendrá “varias vertientes” y será “sencillo”, a través de un formulario en el que el agente se dará voluntariamente de alta y, a partir de entonces, podrá ponerse en contacto con otros productores y consumidores también inscritos y podrá, además, insertar el logo de venta de cercanía que dará “valor añadido” comercial a sus productos. 

 

Por otro lado, y como fin principal, el decreto de la Junta quiere “regular e impulsar la venta de cercanía” con una normativa que “flexibilice” el intercambio directo de productos agroalimentarios de los pequeños negocios “artesanos” del sector con el consumidor, porque “el entramado agroindustrial es muy potente pero, en su inmensa mayoría, está formado por microempresas o pymes que no pueden acceder a la gran distribución porque no es su canal adecuado” debido a que “no pueden ofrecer lo que la distribución está pidiendo en términos de volumen y homogeneidad”.


Es por esa razón por la que surge este decreto, como forma de “facilitar a estos profesionales y artesanos de la producción agroalimentaria un canal de comercialización más corto en el que reciban el precio que les corresponde y los consumidores puedan recibir ese producto de calidad que cada vez demandan más”, consiguiendo además, con todo ello, “equilibrar y hacer más eficiente la distribución de los beneficios de la cadena de valor”, razona Marcos.


Todo ello a través de herramientas que incluye el decreto de la Junta, como la ampliación del margen de la cantidad de producto que se puede comercializar de manera directa, con respecto al establecido hasta ahora, o la flexibilización de su venta sin “más control que el que delimiten las autoridades”, siempre respetando, no obstante, la normativa en seguridad alimentaria, que también es “más flexible” gracias tanto el Real Decreto aprobado en diciembre por el Gobierno como a los reglamentos europeos que ahora recoge el decreto que elabora la Junta de Castilla y León.


En Gobierno Abierto


Y es que, tras observar durante un año la normativa que se estaba poniendo en marcha en otras comunidades autónomas, y bajo el paraguas que, desde diciembre, ofrece el Real Decreto del Gobierno que regula y flexibiliza la aplicación de determinadas disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene alimentaria para la producción y comercialización de productos alimenticios, la Dirección General de la Cadena Alimentaria redactó un borrador de decreto que se encuentra implantado en el apartado de participación del portal de Gobierno Abierto desde la semana pasada y que se espera que la propia Junta de Castilla y León apruebe, tras los trámites oportunos, antes de que finalice 2021.


No obstante, el inicio de este texto se encuentra también, como especifica la directora general de la Cadena Alimentaria, en la iniciativa ‘Campo de Encuentro’, puesta en marcha en abril de 2020 como forma de dar salida a los productos agrarios que más estaban sufriendo con la crisis derivada del confinamiento por la pandemia de COVID-19, y en la que ya se experimentó con formas de contacto más directo entre productores y distribuidores tras el cierre del canal Horeca.


“Fue el punto de partida y vimos que teníamos que acercar también al consumidor, que pedía comprar, de forma más directa, producto local”, reseña Gema Marcos, que incluye también entre los agentes a los que se hará llegar el texto para que hagan sus aportaciones a los consumidores, como parte implicada de un proceso en el que todos los castellanos y leoneses tendrán, hasta el 3 de mayo, tiempo para hacer sus consideraciones durante la exposición de los objetivos del decreto en el portal de Gobierno Abierto.


Posteriormente, se pasará a su audiencia pública con todos los agentes implicados, entre los que se encuentran las OPA, interlocutores de la industria agroalimentaria como Vitartis y otras asociaciones relevantes del sector en cada provincia, empresas de transporte y de la distribución, la red de mercas, el comercio minorista y asociaciones de consumidores, si bien el objetivo de la Dirección General de la Cadena Alimentaria es “agilizarlo lo máximo posible” debido a la “inquietud para que se ponga en marcha” en el sector. No obstante, la propia Gema Marcos reconoce que es un proceso “bastante tedioso” y en el que también es necesario “dar audiencia al resto de consejerías y organismos propios” de la comunidad.


Decreto de regulación de lonjas


Precisamente a uno de ellos, el Consejo Consultivo, llegará en los próximos días, tras el pertinente informe de los servicios jurídicos, otro de los textos normativos que la Dirección General de la Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural desarrolla para su aprobación por el Gobierno autonómico. Se trata del decreto de mercados en origen y mesas de precios de Castilla y León, más conocido como decreto de lonjas, que pretende regular las mesas de precios de los mercados autonómicos.  

Un decreto que verá la luz “en breve”, en torno a “un mes” pero siempre “antes de verano”, como señala a Ical la directora general de la Cadena Alimentaria, Gema Marcos, que considera que será “una regulación normativa bastante importante para la cadena alimentaria” puesto que dotará de “transparencia y regulación” a lo que se hace en las mesas de precios de la comunidad, que hasta ahora “no operan con una norma” y que, con el decreto, comenzarán a funcionar “con homogeneidad”, para que los precios y los datos que se aporten “sean veraces, correctos y no se distorsionen”.