Según informaron en un comunicado conjunto, la primera fase de movilizaciones comenzará en abril, durará hasta el mes de junio e incluirá concentraciones provinciales y autonómicas, sin descartar paros parciales y convocatorias de huelgas generales en la empresa postal pública.
Las movilizaciones se realizarán a lo largo de todo el país, de forma ascendente y sostenida en el tiempo, respetando las restricciones sanitarias. Los sindicatos indicaron que actuarán en caso de no revertirse las políticas de la Dirección de la empresa que a su juicio encaminan al operador público a una "clara privatización".
Las políticas implementadas por la Dirección de Correos con su presidente Juan Manuel Serrano a la cabeza, pretenden, denunciaron CCOO y UGT, demostrar que la parte pública de la compañía no es rentable a través de estrategias totalmente "tramposas".
Es "escandaloso", afirmaron CCOO y UGT, que mientras los directivos de cara a la sociedad se dedican de forma "torticera" a ensalzar la importancia de lo rural y de su colaboración con la España vaciada mediante campañas tan "controvertidas como #orgullodelonuestro o #yomequedo", al mismo tiempo acaban con miles de puestos de reparto rural, teniendo que realizar las personas trabajadoras "kilómetros de reparto inasumibles".
Los sindicatos advierten que se está produciendo un cambio de modelo en la compañía pública dejando a un lado y debilitando de forma drástica el ámbito del servicio postal universal, para centrarse en un modelo logístico puro, abriendo las puertas a su futura privatización.
La reducción de la financiación pública al operador así lo demuestra, aseguraron los sindicatos, lejos de los 220 millones acordados en la Comisión Mixta Fomento con CCOO y UGT en 2017, se han aprobado 110 millones menos en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y casi 100 millones menos en el futuro Plan de Prestación del Servicio Postal Universal.
"Con estos tijeretazos a la empresa pública más grande del país, está claro que no solo es la Dirección de la empresa la que sostiene el cambio de modelo, sino que el Gobierno está avalando con su callada por respuesta el nuevo rumbo del operador público y denostando la misión de Servicio Público que tiene encomendado", añadieron.