En este contexto, el regidor consideró que el empleo público “está para servir a los ciudadanos que pagan sus nóminas y no para cometer actos contra el interés general y contra la hacienda pública” y apostilló: “El Equipo de Gobierno ha cumplido con su deber, poniendo en conocimiento de la Justicia los presuntos delitos cometidos por el jefe de Parques y Jardines”. Fuentes municipales relataron que, en su día, se abrió un expediente informativo que acabó en un expediente disciplinario en el que el instructor, funcionario del Ayuntamiento, concluyó que podrían existir delitos en el ejercicio de su cargo por parte del responsable de Parques y Jardines, concretamente, “irregularidades relacionadas con la posible falsedad documental, así como el posible quebranto de la hacienda pública local por exceso de gasolina consumido sin aparente justificación”.
Por otra parte, a la vista de ese expediente disciplinario, y con los datos de recabados por la viceinterventora municipal, “cumpliendo con la obligación legal que tienen los interventores, esa funcionaria presenta denuncia también a la Administración de Justicia, al advertir gastos en el consumo de combustible no justificados”.
“Todo ello es, a día de hoy, de manera presunta. Tenemos conocimiento de que la Policía Nacional a partir de estas denuncias en el Juzgado, inició investigaciones paralelas y complementarias que desconocemos pero que han acabado con los hechos publicados en el día de ayer”, precisó el regidor por entonces. “En el tema penal, el Ayuntamiento no dispone de más datos y es la Fiscalía y la Policía Nacional la que ha llevado a cabo las investigaciones por las posibles irregularidades o delitos que haya podido cometer”, agregó.
OTRA DETENCIÓN
Un día después, el día 5 de marzo, supimos que la Opetación Rampa registró otra detención, la de la administradora de varias empresas con sede en La Coruña por su participación en los hechos investigados en relación al delito de fraude a la administración en la modalidad de contratación pública. Ese mismo día decretaron libertad provisional para el funcionario. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora acordó esta decisión, con obligación de comparecer cada quince días, y la retención del pasaporte de Alberto Vega.
FIANZA DE 60.000 EUROS
Días después. el 9 de marzo, conocimos que el Jefe de Parques y Jardines de Zamora, tendría que depositar la cantidad de 60.000 euros en el juzgado. Era la fianza que impuso la jueza que lleva el caso, que ya le retiró el pasaporte, además de, como se ha mencionado, obligarle a comparecer presencialmente cada dos semanas en la oficina judicial con el fin de evitar una fuga.
Por su parte, a la administradora de varias empresas gallegas implicada en el caso, que denunció al Ayuntamiento por un parque que no hizo, se le exigió una fianza de 6.000 euros.
SUSPENDIDO DE EMPLEO Y SUELDO
Un día después, el día 10, el Ayuntamiento de Zamora emitió un decreto con el que suspendía de empleo y sueldo al jefe de Parques y Jardines hasta que se dictara la correspondiente resolución judicial, una vez termine la investigación judicial. “Actualmente, no es posible garantizar y salvaguardar el interés público, que debería primar en la labor de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, con la objetividad e imparcialidad que se requiere para tal desempeño”, según señalaron fuentes municipales.
“Por ello, se entiende que no es compatible mantener el empleo y sueldo del investigado, cuyas funciones ya se habían reducido, limitando la gestión de fondos públicos, mediante Decreto de Alcaldía del pasado 10 de septiembre de 2020, fruto del expediente disciplinario llevado a cabo contra él y que se remitió al Juzgado para la investigación judicial, junto con una denuncia de la viceinterventora municipal”, añadieron.
En este contexto, el informe municipal ve necesario “proteger a las autoridades y funcionarios públicos, algunos de ellos, dependientes jerárquicamente del señor Vega Vicente, que, con sus declaraciones, han constituido también de base de la acusación de las presuntas conductas delictivas, de tal modo que esta función pueda seguir produciéndose sin la presión que supondría la presencia del investigado”.
Por ello, el Ayuntamiento de Zamora consideró que, ante la situación creada, “no es posible derivar a ese funcionario la realización de proyectos o memorias que sirvan de base para futuras licitaciones, dado que, para ello, se exige una objetividad e imparcialidad, actualmente, en entredicho, ante los presuntos hechos”.
¿Cuál será el siguiente capítulo de este proceso?