Lino Rodríguez niega que utilizara Asaja Valladolid y sus organizaciones sectoriales para su enriquecimiento personal

En su declaración asegura no recordar viajes a París, Milán o Nueva York, donde realizó pagos con una tarjeta titularidad de una asociación creada al amparo de la organización agraria
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El expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, negó hoy que utilizara Asaja Valladolid y sus organizaciones sectoriales para su enriquecimiento personal, y aseguró que solo recibió de la organización agraria el sueldo que tenía estipulado como trabajador.


En la primera jornada del juicio que se sigue contra él y contra la cúpula de Asaja en la Audiencia Provincia, Rodríguez argumentó que su trabajo en la organización agraria consistía en poner en marcha servicios para los socios y otras actividades económicas que reportaran ingresos a Asaja e hicieran viable su funcionamiento desde un punto de vista económico, a la vez que recordó que cuando él alcanzó la presidencia había trabajadores que llevaban un año sin cobrar.


Durante el interrogatorio del fiscal, que se prolongó durante dos horas, Rodríguez aseguró que su contrato laboral fue ofrecido por la propia directiva de Asaja y aseguró que además de esta relación laboral, “era público y notorio” los directivos también conocían que disponía de una tarjeta de crédito, así como un contrato con la gestoria Sodeprin, controlada por su esposa, a la vez que recalcó que “nunca cogió dinero para su bolsillo”.


Además de cometer algunas contradicciones con sus declaraciones previas, según sostuvo el fiscal, en su declaración el ex presidente de Asaja aseguró que no recordaba viajes realizados entre 2002 y 2008 a Disneyland París, Milán o Nueva York, donde realizó pagos con una tarjeta de crédito a nombre del Grupo para el Desarrollo Rural Colectivo (Derco), asociación creada al amparo de Assaja. Además, tampoco recordaba pagos con esa tarjeta en un sex shop, en una peluquería o en cines.


La jornada continuará esta tarde, cuando Lino Rodríguez sea interrogado por el abogado de Asaja y por su abogado defensor.


Lino Rodríguez, se enfrenta a una condena de 13 años y seis meses por un delito de administración desleal, otro de falsedad documental en concurso con apropiación indebida y un tercero de falsedad en documento mercantil, por la denominada ‘Operación cebada’, fruto de la investigación policial a raíz de la denuncia presentada por el tesorero de la organización agraria en 2013.


En el juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 4 de marzo, también se sientan en el banquillo de los acusados la esposa del principal acusado y admnistradora de la gestoría Sodeprin, Ana de la Fuente, para la que la Fiscalía pide dos años de prisión por un delito de falsedad documental en concurso con apropiación indebida; el ex secretario de Asaja, Fernando Redondo, que se enfrenta a una pena de seis años por apropiación indebida, y ex vicepresidentre de la OPA, Gerardo Rico, para quien el Fiscal pide cinco años por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.


Según sostiene la Fiscalía, Lino Rodríguez, elegido presidente de Asaja en 1990, cargo en el que permaneció hasta 2015, se hizo con “confianza” de los asociados y con el control absoluto de la organización y de las sociedades y asociaciones creadas a amparo, lo que aprovechó para destinar parte de sus ingresos en beneficio propio y de otras personas.


Además, se argumenta que desde 1990, al amparo de Asaja se crearon diversas asociaciones sin ánimo de lucro para conseguir fondos de las subvenciones otorgadas por la Fundación para Formación Continua, fondos que Lino Rodríguez utilizó sin justificación alguna y sin atender a los fines de aquellas, provocando quebranto en el patrimonio de estas organizaciones.


El ministerio público reclama el pago de indemnizaciones que suman más de tres millones para Lino Rodríguez y considera además en parte responsables solidarios, en distinta cuantías, a su mujer, a Fernando Redondo y a Gerardo Rico.


Por último, cabe recordar que Lino Rodríguez cumple condena de dos años y ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otros dos de fraude en el cobro de subvenciones a la Junta en sendos expedientes tramitados a través de la sociedad Campo de Peñafiel por importe global de más de un millón de euros.