Blanco apuntó a Ical, que se trata de un texto que se ha trabajado “sin contar con las comunidades”, ya que “no ha existido acuerdo ni consenso”, al tratarse de una “imposición”. “No conocemos los datos que han utilizado para determinar esa capacidad de acogida”, quien lamentó que el Gobierno de España “quiera beneficiar a sus socios separatistas e independentistas”.
Por último, la consejera pidió al Ejecutivo estatal que “cumpla” la sentencia del Tribunal Supremo del mes de marzo que obligaba a hacerse cargo de 1.000 menores que estaban en Canarias y que habían solicitado asilo. “Hasta el momento es el Gobierno de Pedro Sánchez el que no ha cumplido”, aseveró.