El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), concluyó la asignación de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2024, con 364 beneficiarios en Castilla y León, con 1,72 millones de euros para 17.026 hectáreas.
Castilla y León es la segunda autonomía por importe, sólo por detrás de Valencia (1,8 millones), y la primera en número de beneficiarios, según la información difundida hoy por el departamento que dirige Luis Planas.
En el conjunto nacional el importe total asciende a 10,89 millones de euros. Esta asignación, que complementa la realizada en febrero de 2025, beneficia a un total de 2.336 agricultores y ganaderos, que reciben una ayuda media de 4.662 euros por titular. Del total de beneficiarios, el 72 por ciento son jóvenes, lo que consolida el compromiso del Gobierno con el relevo generacional en el campo español, informa Ical.
Los jóvenes agricultores han recibido una ayuda media de 5.101 euros, además de una ayuda redistributiva complementaria que representa un importe adicional por hectárea igual al valor medio regional, aplicable hasta un máximo de 100 hectáreas.
Por su parte, los nuevos agricultores perciben una asignación total de 1,7 millones de euros, con una media de 5.098 euros por beneficiario.
Desde 2023 se han incorporado dos nuevos casos de acceso a la reserva nacional, que se atienden tras cubrir a los jóvenes y nuevos agricultores, siempre que exista remanente.
Estos nuevos casos son los agricultores en desventaja- quienes ejercen la actividad agraria desde 2015 sin haber tenido derechos de pago básico- y los responsables de explotación que participen en programas de reestructuración para evitar el abandono de tierras.
En el año 2024, un total de 310 agricultores accedieron a la reserva nacional por el primer supuesto, y recibieron una ayuda media de 1.858 euros. Por su parte, los cuatro responsables de explotación que participaron en programas de reestructuración percibieron una ayuda media de 669 euros.