Según explican en un comunicado difundido por Ical, en enero 2025 y posteriormente en mayo, se remitieron sendas instancias solicitando datos sobre la situación del lobo en el PNPE y en toda la Comunidad de Castilla y León, en particular se pedía acceso a los expedientes de ataques al ganado tramitados en los dos últimos años (2023 y 2024). Previamente, habían sido solicitados en las propias reuniones del Patronato, de diciembre de 2023 y 2024, comprometiéndose verbalmente la codirección castellana y leonesa del Parque a que la Junta facilitaría la información requerida.
“Ante la falta de respuesta, transparencia y respeto a los legítimos derechos a la información y a la participación que asisten a esta asociación, y concretamente en este caso, a los miembros del órgano colegiado que es el Patronato del Parque, se ha formulado queja al Defensor del Pueblo”, señalan.
Desde la agrupación afirman que en un momento en el que “de manera acientífica y espuria se ha rebajado el estatus de protección del lobo en España, cobra especial relevancia para las asociaciones dedicadas a la protección de la naturaleza poder conocer, valorar y difundir la información oficial que manejan las autonomías, en especial las dirigidas por gobiernos como el de Castilla y León, partidario de matar lobos, a pesar de que el estado de conservación de la especie es desfavorable”.
Para ellos, “el odio que algunos políticos muestran hacia el lobo, ancestro de todos los perros, nuestros mejores amigos, raya lo patológico”. “Defendemos al lobo y también a los ganaderos y ganaderas comprometidas con el bienestar animal que es garantía de calidad”, completan.