Tres empresarios se enfrentan a penas de siete años cada uno por delitos de estafa y alzamiento de bienes
Los empresarios vallisoletanos J.J.S.M., A.L.G.C. y P.M.P se enfrenta a penas que suman un total de 21 años por un delito de estafa y otro de alzamiento de bienes, después de no abonar facturas por valor de 61.273 euros a una empresa de distribución de carburantes.
En el juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Valladolid los próximos días 25 y 26 de junio, el fiscal reclama para cada acusado siete años de cárcel: cuatro por estafa y tres por alzamiento de bienes, así como una multa de 9.000 euros para cada uno, y hacer frente a una indemnización conjunta a empresa afecta por el montante de la factura más los intereses legales que se hayan generado.
Los hechos ocurrieron en 2018 cuando Iberian, empresa de la que eran socios los acusados J.J.S.M. y A.L.G.C., concertó un contrato de repostaje de carburantes con una sociedad. Previamente, según sostiene el fiscal, los acusados mantuvieron una apariencia de gran solvencia en la empresa, haciendo constar un patrimonio en el ejercicio de 2017 de un patrimonio de más de 285.000 euros.
Una vez ganada la confianza de la empresa de carburantes, Iberian envió nuevos vehículos para repostar, llegando hacerlo hasta 70. A partir de septiembre de 2018, dejó de abonar sus facturas, que ascendían a 61.273 euros. Esta deuda era conocida por el tercero de los acusados P.M.P., quien había adquirido del socio mayoritario de Iberian, J.J.S.M., la mayoría de su participaciones por 8.000 euros, según se refleja en una escritura pública, informa Ical.
Como consecuencia del impago, se inició un juicio en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid, dictándose en julio de 2019 un auto requiriendo a Iberian a pagar en diez días la cantidad de 3.337 euros, a la vez que se acordó el embargo preventivo de los bienes del deudor, aunque no pudo realizarse dado que tanto J.J.S.M. como A.L.G.C. se declararon insolventes.
El fiscal también sostiene que Iberian desapareció de su domicilio fiscal y dejó de presentar sus cuentas en 2017, “habiendo desaparecido su parque móvil”.