UGT logra en los tribunales que la Junta de Castilla y León aumente en 60 plazas las categorías de Informática en Sacyl

El sindicato denunció que el proceso debería haber sido por concurso de méritos y no por la vía excepcional.
|

Ordenador


UGT Servicios Públicos de Valladolid ha obtenido sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ante la demanda que presentó con relación al reparto de las plazas en los procesos de estabilización de empleo de Sacyl. 


La Junta publicó, el 28 de diciembre de 2024, la convocatoria de proceso excepcional de estabilización de empleo temporal a través de concurso de méritos y de concurso-oposición, para cubrir las plazas de personal estatutario de Gestión y Servicios del Servicio de Salud de Castilla y León, en el marco previsto en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.


En este sentido, lo que UGT aducía en la demanda era que la Junta había incumplido las normas de la convocatoria al incluir en concurso-oposición 60 plazas, correspondientes a las categorías de Técnico Especialista y Titulado Superior en Informática, a las que se debería optar a través de concurso. Eso, explica el sindicato en un comunicado, es lo que establece la Ley 20/2021 para las plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 y lo que ocurría con dichas plazas. Del mismo modo, la Ley 20/2021 es de obligado cumplimiento en todos los procesos selectivos que se convoquen para reducir la temporalidad en el empleo público.


El TSJCyL ha declarado que la Orden publicada por la Junta “no es conforme a derecho” y reconoce el derecho a la inclusión de la totalidad de las plazas indicadas en el sistema de selección por concurso de méritos. Desde UGT Servicios Públicos de Valladolid consideran que “la defensa de los Servicios Públicos pasa por dotarlos convenientemente de profesionales con derechos y retribuciones justas” y, por lo tanto, indican que segurián “denunciado todos los procesos de selección en los que la Administración autonómica no cumpla con las normativas aprobadas en un intento por racanear plazas a sus trabajadores”.