El Gobierno aprueba hoy la reducción de jornada y se adentra oficialmente en una compleja negociación parlamentaria
El Consejo de Ministros aprobará este martes en segunda vuelta la reforma del Estatuto de los Trabajadores con la que se reduce la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, de manera que el proyecto de ley será remitido formalmente al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno tendrá que enfrentarse a una durísima negociación para que la medida vea la luz, dado que necesita de Junts o del PP y ninguno apoya la medida por el momento.
La medida fue aprobada en primera vuelta a comienzos de febrero y se esperaba que en pocas semanas la norma volviera al Consejo de Ministros, un trámite que se ha dilatado porque fuentes gubernamentales explicaron que se estaban desarrollando ya negociaciones con partidos políticos.
No obstante, con motivo de la cercanía del Día Internacional del Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó que se aprobaría la pasada semana. Pero tras el apagón del pasado lunes, el Ejecutivo decidió aplazar unos días la medida, de manera que el proyecto de ley será visto por el Consejo de Ministros en segunda vuelta este martes, cuando también se aprobará el Perte de Vivienda que también se postergó una semana.
Por el momento, el Gobierno no cuenta con el respaldo de suficientes diputados, pues necesita de Junts o el PP y ambos se muestran muy críticos con el texto en los términos actuales por ser perjudicial para el empleo y las empresas, a su criterio.
Los sindicatos han advertido de que si el texto se bloquea no dudarán en presionar a los partidos que se opongan saliendo a la calle, mientras CEOE ha reconocido que hablará con quien quiera escucharla, aludiendo así a PP o Junts, para intentar que la medida no se apruebe o, que al menos no salga adelante como está diseñada en la actualidad.
Cabe recordar que el acuerdo entre PSOE y Sumar, a propuesta de este segundo partido, incorporó una rebaja del tiempo de trabajo de 40 a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 en 2025. La primera pantalla la sacrificó Díaz en aras de ampliar la negociación con los agentes sociales, aunque finalmente el acuerdo con la CEOE y Cepyme dentro no fue posible tras once meses de conversaciones y reuniones.
La patronal defendió en todo momento que la jornada se seguiría reduciendo vía negociación colectiva y atendiendo a las circunstancias de cada sector y cada territorio, por lo que rechazó la medida del modo en que la planteó Díaz por no ser “buena para el país”.
Pero las discrepancias no solo se dieron en el seno del diálogo social, sino del propio Gobierno de coalición. Así, el Ministerio de Economía no rechazó la rebaja de la jornada pero sí apelaba a poner el foco en las pymes y en no perjudicar el tejido productivo. Díaz, en cambio, exigió que se tenían que cumplir los tiempos incluidos en el pacto de coalición y pidió que se aprobara por la vía de urgencia y en los términos suscritos con los sindicatos, aunque luego se tuvieran que realizar cambios en las negociaciones con otras fuerzas políticas.
La tensión fue tal que, a comienzos de enero, Díaz espetó en una entrevista en RNE que Cuerpo se oponía a la medida y que hacer eso era “casi de ser un poco mala persona”. Economía eludió entrar en el ‘cuerpo a cuerpo’ abiertamente, aunque dejó claro que acortar la jornada era una “prioridad” de todo el Gobierno, aunque había que hacerlo con todas las garantías.
El texto se aprobó en los términos pactados con CCOO y UGT, como pedía Díaz, aunque desde el Gobierno se muestran conocedores de que podrían implementarse cambios para lograr apoyos parlamentarios.