Convocada una concentración el 5 de mayo frente a Educación para exigir mejores retribuciones para docentes, investigadores y personal administrativo

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STE del ámbito de la Enseñanza en Castilla y León hacen un llamamiento a los trabajadores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad para que se concentren ante la Consejería de Educación el próximo 5 de mayo, a las 11 horas, para reivindicar unos mejores salarios, ya que son los que menos retribuciones perciben de toda España.

El llamamiento se realiza al personal docente e investigador, al personal técnico y de gestión y al administrativo de servicios que soportan una desigualdad remunerativa en relación con otras universidades públicas, según destacó la secretaria de Enseñanza UGT-SP Castilla y León, Beatriz García.

Piden a la Junta la  modificación de la Ley de Universidades de Castilla y León, aprobada en 2003 y reformada por última vez en 2017, para adaptarse a la Ley Orgánica (LOSU). En Castilla y León están afectadas más de 11.000 personas trabajadoras entre personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) y personal docente e investigador (PDI).

“Se necesita un nuevo marco jurídico de regulación y coordinación del sistema universitario que estimule el dinamismo de la comunidad universitaria con el objetivo de alcanzar unas universidades modernas que mejoren su calidad y sirvan para generar bienestar y que, en función de unos mayores niveles de excelencia, influyan positivamente en todos los ámbitos de la sociedad”, destacó para señalar que es fundamental dar una garantía jurídicas a las nuevas figuras del personal docente e investigador laboral.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Enseñanza CCOO Castilla y León, José Antonio Alegre, precisó que es necesario modificar el Decreto por el que se aprueban los complementos retributivos autonómicos para este personas de las universidades, ya que dichos complementos permanecen sin cambios desde hace 22 años, convirtiéndoles a día de hoy en obsoletos.

“Deben incrementar su cuantía y revisarse en función del artículo 76.2 de la LOSU donde recoge entre las funciones a las que se pueden vincular las retribuciones adicionales las de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación, que no están incluidas en este Decreto”, reseñó.

El vicepresidente autonómico del Sector de Educación de CSIF Castilla y León, Roberto Fernández, tomó la palabra para precisar que hace 15 años que los convenios colectivos del personal laboral (PDI y PTGAS, respectivamente) de las universidades públicas de Castilla y León se encuentra en situación de ultraactividad (prórroga) sin que se haya producido ningún avance en su negociación.  

“Estamos ante una regulación obsoleta que no recoge las condiciones de trabajo, los derechos y los deberes de cerca de 6.500 personas. Estos convenios están bloqueados por parte de las universidades con el argumento de que no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de las universidades en materia de personal, ni tan siquiera a las que obliga la LOSU”.

En este aspecto, exigió a la Junta de Castilla y León que habilite una partida específica para poder financiar la mejora de las condiciones del personal laboral de las universidades públicas y poder así garantizarles unas condiciones “dignas y suficientes”.

Beatriz García solicitó que la Consejería de Educación dialogue, y aludió a que se ha autorizado las plazas pactadas entre las universidades y las organizaciones sindicales de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria octava de la LOSU. “Esta decisión de la administración autonómica implica que estas plazas únicamente se podrán convocar consumiendo tasa de reposición, lo que reducirá la oferta de empleo público en las universidades dificultando la estabilización de empleo que establece la LOSU y perjudicando al profesorado más vulnerable de nuestras universidades”, recalcó.

Además, aseguró que  n 2024 los salarios anuales de las dos categorías del profesorado contratado más relevantes de las universidades, el profesor ayudante doctor (PAD) y el profesor permanente laboral (PPL) creada por la LOSU y que sustituye al profesor contratado doctor (PCD) están a la cola de todas las comunidades autónomas.

“Estamos por debajo del resto de universidades del país e incluso Salamanca y Burgos retribuyen por encima de otras como puede ser Valladolid y León”, precisó.

Beatriz García denunció que la Junta no ha hecho el desarrollo normativo de la LOSU y esto unido a que no establece una financiación mínima provocan la precariedad de los salarios. La Junta, según la sindicalista, alude a que no puede negociar nada porque no cuenta con el reglamento oportuno ni ha recibido financiación para  poner en marcha las medidas que me establece la ley estatal. 

Al respecto, José Antonio Alegre, reseñó que existe un espacio de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales o de otro tipo que corresponde desarrollar a la Comunidad autónoma, según la propia ley orgánica. “ Esto tiene que abordarlo la Consejería de Educación, no lo está haciendo, con lo cual ahí estamos sin capacidad de incorporar estos complementos a las retribuciones del personal docente investigador funcionario, en lo que estaba refiriendo al artículo 76”, concluyó.