El Grupo Popular y toda la oposición, con la abstención de los dos no adscritos -Javier Teira y Ana Rosa Hernando-, pidieron hoy de forma casi unánime a la Junta que inicie los trámites necesarios para presentar de manera urgente ante las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 2025, así como la ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que los acompaña.
El debate de política general de la Junta se cerró en la cámara autonómica con la petición expresa de que se presente ante el parlamento unas nuevas cuentas, pues las actuales están prorrogadas, en línea con la oferta lanzada este miércoles por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de iniciar una ronda de consultas con los grupos para explorar pactos en materia presupuestaria, pero también en otras áreas como la financiación autonómica, la sanidad pública o el Corredor Atlántico, entre otras.
Un día después, la primera propuesta de resolución del Grupo Socialista en este sentido cosechó un apoyo abrumador en la cámara autonómica con 78 votos a favor y dos abstenciones. De esta forma, el PP se unió al resto de los partidos de las Cortes para aprobar la iniciativa que justifica la petición de nuevos presupuestos ante la necesidad de mantener las inversiones, así como por la prestación de los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.
Esta iniciativa se una a otra proposición no de ley del Grupo Socialista que se aprobó hace meses para pedir nuevos presupuestos a la Junta en este último año de legislatura. De momento, la cámara respaldó hace cinco meses el techo de gasto -límite de gasto no financiero- planteado por la Junta y que supone la base de las nuevas cuentas. Tras varias rondas de contactos y cruce de propuestas y condiciones, los presupuestos no han llegado al parlamento, a pesar de que en octubre la Junta informó de un anteproyecto.
Aranceles
Por otra parte, las Cortes aprobaron por una amplia mayoría una iniciativa del PP que rechaza el establecimiento de aranceles “claramente perjudiciales” a la exportación de automóviles y de productos agrarios y agroalimentarios. Por ello, instan a la Junta a dirigirse al Gobierno para que establezca “urgentemente” medidas específicas de apoyo al sector, tras convocar a éste y a las comunidades.
De la misma forma, se aprobó con la abstención de Vox una propuesta de resolución del Grupo Socialista, con el ‘no’ de Vox, que unía la defensa del Diálogo Social y el impulso de un Plan de Promoción Industrial y Desarrollo para Castilla y León con la defensa de la industria agroalimentaria y el sector vitivinícola de las “amenazas” por la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos. Además, para paliar sus consecuencias, pedía llevar a cabo las medidas que sean necesarias, dentro de las competencias
de la Junta.