El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, se reunieron hoy con representantes del Diálogo Social para tratar las líneas generales del borrador de Presupuestos para Castilla y León, donde Andrés destacó la importancia de que haya presupuestos y que “se busque el consenso y el acuerdo político”, puesto que se está ante un Gobierno en minoría, quien puntualizó que el presupuesto ya está fuera de plazo, en caso de que lo presentaran el próximo jueves, y conlleva necesariamente una prórroga, al menos los primeros meses del año.
“Todavía estamos a tiempo, porque lo que se trata es de hacer unos presupuestos nuevos adaptados a la nueva realidad, tanto económica como política económica, porque estamos ante los presupuestos más altos de la historia, con mayores ingresos del Estado y de la Unión Europea, que vienen muy bien a Castilla y León para desarrollar políticas. Y un nuevo escenario político, porque ya no está en el Gobierno la extrema derecha, que condicionaba políticas en favor de la gente trabajadora”, aseguró.
El responsable de CCOO afirmó que los presupuestos que están vigentes del año 2024 están “cargados de recortes de derechos para la gente trabajadora y para las políticas de igualdad entre mujeres y hombres”, razón por la que consideró que son unos presupuestos que “hay que eliminar”, porque el continuar el año 2025 con los presupuestos de 2024, que “están trufados de esas políticas excluyentes y de recortes, no sería bueno para Castilla y León”.
Recalcó que desde Comisiones Obreras no apoyarían una salida de ese tipo, al subrayar que “es el momento de que la democracia y la negociación entre los grupos se produzca con enmiendas parciales y acuerdos puntuales”, dado que es “bueno que el Parlamento debata y entre en su máxima expresión en el juego democrático de la negociación”, remarcó.
“No estamos de acuerdo con la prórroga”. Vicente Andrés requirió “urgentemente” unos presupuestos nuevos que desarrolle la Comunidad en los términos que “necesita para abordar una garantía a los servicios públicos y el problema demográfico y otros problemas de derechos laborales y de igualdad”, sentenció.