Castilla y León tiene 50 días para confirmar su compromiso con las víctimas de violencia sexual

Comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana, tienen solo 50 días para dar pasos concretos y eficaces para poner en marcha los centros de atención integral especializada para víctimas de violencia sexual. Este tipo de centros, están contemplados en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual, que sigue la recomendación del Consejo de Europa de ofrecer una atención continua e integral, psicológica, médica y legal a mujeres víctimas de violencia sexual con independencia de que decidan denunciar o no la agresión. 

La Ley de Libertad Sexual, conocida como la "Ley de Sólo Sí es Sí", establece que las administraciones tienen la obligatoriedad de dar una respuesta integral con una atención especializada y accesible para las víctimas, con el establecimiento de los centros de crisis abiertos las 24 horas del día durante los 365 días del año. El Gobierno, en la anterior legislatura, se comprometió a la apertura de 52 centros, uno por cada provincia, además de uno en cada ciudad autónoma de Ceuta y Melilla, para finales de 2023. 

Para ello, la Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas. Tras conseguir una prórroga de un año para la puesta en marcha de este tipo de centros, los objetivos están muy lejos de cumplirse. Además recibieron recursos económicos de los fondos Next Generation sobre los que tendrían que responder en caso de no cumplir con el plazo establecido por la Unión Europea. En 2024, se han abierto ocho centros de los 52 previstos, financiados por los fondos europeos: Santander (Cantabria), Bilbao, San Sebastián y Vitoria (País Vasco), Murcia, Pamplona (Navarra), Melilla y Albacete (Castilla La Mancha). Antes de que entrara en vigor la ley, ya existían dos centros de este tipo, uno en Madrid (2019) y otro en Oviedo (2020). 

Madrid abrió un segundo centro en marzo de 2023. Aunque comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Macha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluidas víctimas de violencia sexual, esta atención no cumple con los estándares recomendados por el Consejo de Europa y recogidos en la Ley de Libertad Sexual, o bien porque no abren 24 horas, o bien porque sólo atienden telefónicamente, o bien porque carecen de recursos o profesionales especializados. 15.000 firmas que piden medidas reales Activistas de Amnistía Internacional Castilla y León han presentado cerca de 15.000 firmas en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que se comprometan con urgencia y con medidas eficaces, como la apertura de los centros de atención integral y permanente para las víctimas de violencia sexual.

"Que las comunidades autónomas no cumplan con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un tema de voluntad política. Una voluntad política que choca con dos evidencias, una que la violencia sexual es una realidad que se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad, y dos, que el número de denuncias presentadas por las mujeres aumenta cada año.

Cada dos horas se denuncia una violación en España", manifestó Ana Victoria Pérez, portavoz de Amnistía Internacional Castilla y León. "En Amnistía Internacional valoramos positivamente que el Ministerio de Igualdad esté presionando a las comunidades para que aceleren la puesta en marcha de estos centros de crisis. Igualmente, consideramos que es una buena noticia, el anuncio por parte de la Ministra de que las comunidades que sí los han puesto en marcha no tendrán que devolver el dinero invertido. Pero lo que nos preocupa enormemente es, por un lado, que una vez más son las víctimas de violencia sexual quienes siguen sin recibir una atención adecuada por la falta de interés de algunas comunidades autónomas. Y, por otro lado, que ante esta situación a partir del 31 de diciembre la atención que reciban estas mujeres será diferente dependiendo del lugar donde se cometió la agresión sexual o de donde viva la víctima", señaló Ana Victoria Pérez.

Información de contexto 

Más de 2,8 millones de niñas y mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, siendo las mujeres en situación de discapacidad y las mujeres nacidas en el extranjero y residentes en España las que más sufren este tipo de violencia, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019. 

El último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge datos desde enero a septiembre de 2024, señala que el número de delitos contra la libertad sexual aumentó casi un 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el aumento de las denuncias por violación se incrementa en casi un 7 por ciento. Según fuentes de Interior, casi el 90% de las víctimas de delitos sexuales contra la libertad sexual son mujeres y niñas. Y el 95% de los responsables de estos delitos son hombres.