Las Cortes de Castilla y León instaron hoy al Gobierno de España a retirar el borrador del nuevo mapa de transporte estatal por carretera por suponer “un ataque a la España rural”, en una propuesta del PP que suscribieron con su apoyo los procuradores de Vox, UPL-Soria Ya y Por Ávila, mientras que Podemos, Francisco Igea y el PSOE lo rechazaron por ser “un servicio de la Junta”.
La propuesta del Grupo Parlamentario Popular fue defendida por el procurador abulense David Beltrán, que consideró el nuevo mapa “muy lesivo para Castilla y León”, y mostró por ello la “oposición y profundo rechazo” de la Junta por la supresión de 474 paradas en 346 municipios de la Comunidad, que afecta a más de 92.000 viajeros castellanos y leoneses.
“Castilla y León es una de las comunidades más afectadas por el nuevo mapa de transporte público por autobús”, apuntó Beltrán, que recordó que, al conocerse la noticia, la Junta se puso a trabajar para evitar que el Ministerio pusiese en marcha este nuevo plan. Y es que el diseño, según el PP, “está basado en suprimir paradas”, y además pretende “trasladar la responsabilidad financiera del transporte público a las comunidades que están infrafinanciadas”, por lo que criticó que “el Ejecutivo legisla y otros pagan”.
“No podemos admitir este planteamiento”, concluyó Beltrán, que calificó el mapa “un nuevo desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez a esta tierra y un ataque sin precedentes a la supervivencia de los municipios de Castilla y León, a los que el Gobierno abandona una vez más, perjudicando la lucha contra la despoblación”.
En su respuesta, el PSOE, a través de la procuradora Laura Pelegrina, acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de llevar “dos años mintiendo” por el borrador del nuevo mapa concesional estatal “en su ataque contra el Gobierno de España”, como forma de “tapar su incompetencia en el mapa concesional del transporte público de la Comunidad”.
Porque, según Pelegrina, la Junta lleva dos años de retraso para la aprobación del mapa autonómico, por lo que pidió a Mañueco que “se haga cargo de un servicio que es suyo”, y para el que apuntó que el Gobierno “va a poner a disposición de las comunidades 40 millones de euros para que asuman los tráficos y líneas de su competencia”.
Además, reiteró que “no se van a eliminar paradas de autobús en España”, pese a que en Castilla y León “Mañueco no tiene mapa, ni proyectos de explotación ni contratos de concesión”, por lo que concluyó con una petición al presidente de la Junta para que “asuma sus competencias”.
Sin embargo, en su réplica, el ‘popular’ David Beltrán insistió en la responsabilidad del Gobierno en la eliminación de unas paradas que “no son un ajuste técnico que busca optimizar el servicio, sino un ataque directo y sin precedentes a la España rural”, por lo que pidió al Ejecutivo que “reconsidere este mapa concesional”.
Problema de competencias
Desde Vox, defendió su posicionamiento Susana Suárez, al afirmar que el 33 por ciento de los habitantes vive en el mundo rural y “hay que garantizarles el desplazamiento para acudir a servicios básicos como la sanidad o la educación”, por lo que se mostró partidaria de apoyar la propuesta ‘popular’ ante la “aberración que tiene preparada Óscar Puente para su Comunidad”.
En todo caso, aprovechó la propuesta del PP para criticar el “problema de competencias” entre Estado y comunidades, que “perjudica a los de siempre, los españoles de a pie”. Por ello, concluyó que “el régimen de las autonomías ha fracasado” y criticó de nuevo que los ‘populares’ estén “sometidos al PSOE”, pidiéndoles que vayan “más allá” de la petición de retirada del nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano, que en todo caso apoyaron desde Vox.
En su intervención, la ‘sorianista’ Vanessa García Macarrón agradeció la propuesta ‘popular’ aunque sea “calcada” a la presentada hace meses por Soria Ya, y consideró “un despropósito” el nuevo mapa de transporte por carretera presentado por el Gobierno por dejar a varios municipios sin autobús, cuando “no hay que quitar a la población el derecho al transporte público porque sean pocos”. Y es que, concluyó, “los servicios públicos no tienen que ser rentables: se tienen que prestar, y punto”.
Por parte de Por Ávila, su procurador, Pedro Pascual, recordó que “la realidad de Castilla y León es la que es y hay que adaptar las realidades políticas a estas circunstancias” porque, en su opinión, “si efectivamente el nuevo mapa suprime esas paradas, debemos luchar para que los ciudadanos no sufran esta barbaridad y cuenten con condiciones dignas desde la colaboración entre administraciones”.
También intervino desde el Grupo Mixto el procurador Francisco Igea, que apuntó que las cuentas reflejan que apenas hay “0,3 viajeros por día” con el actual mapa de transportes. Una situación que aseguró que desde la Junta “han resuelto de manera razonable” con el transporte a la demanda pero que ahora “piden que el Gobierno resuelva de manera irracional” con el mantenimiento de las paradas, por lo que pidió al Ejecutivo autonómico que “no sea demagógico” sino que apueste por “la eficacia”.