La ley del juego llegará al pleno de las Cortes con todas las enmiendas vivas y la acusación de la oposición de "nula voluntad de acuerdo"

El dictamen del proyecto de ley por la que se modifica la ley de 1998 reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León llegará al pleno de las Cortes con todas las enmiendas vivas presentadas por los grupos de la oposición y con su acusación al PP de “nula voluntad de acuerdo". 

La Comisión de la Presidencia debatió este jueves las enmiendas del Grupo Socialista (25), de Soria Ya (nueve), de UPL (cuatro) y de Francisco Igea (diez), todas rechazadas por los ponentes del PP Francisco Javier Carpio y Ricardo Gavilanes por considerar que no aportaban nada al texto enviado por la Consejería de la Presidencia, posición que apoyó el portavoz de Vox, Carlos Menéndez.

“Es un mero paripé”, lamentó la socialista Yolanda Sacristán, que reprobó al PP que no hayan tenido en cuenta las peticiones de los colectivos afectados por esta norma, como explicó que recogen sus enmiendas. “Hoy se sienten decepcionados”, apostilló.

Así, desgranó sus propuestas para dar seguridad jurídica, proteger a jóvenes y colectivos más vulnerables y personas adictivas, para crear entornos seguros de juego, requisitos para las instalaciones de casas de juego y casinos o infracciones.

Tanto Sacristán como Francisco Igea cuestionaron que se ponga el límite de 150 metros entre las casas de juegos y los colegios, lo que consideraron escaso ya que ese espacio se puede recorrer entre el escolar que sale a comprar o tomar algo. Igualmente, se refirieron a los 300 metros que se marca como distancia entre establecimientos de este sector.

Para Igea, la Junta está “más preocupada” por la competencia entre negocios que por la protección y seguridad de los menores. “Es una ley hecha a demanda del sector, no de los ciudadanos”, espetó, algo que rechazó el popular Ricardo Gavilanes, que explicó que la distancia es adecuada conforme a estudios.

Además, Igea lamentó que la norma carezca de poder coercitivo lo que la convierte en “inútil”, ya que cualquier sanción se puede resolver con cero euros. “Es un disparate jurídico”, zanjó.

“Es una ley integradora y moderna, sus enmiendas no mejoran la norma”, resumió Carpio, que argumentó que algunas de las propuestas se presentan con desconocimiento y otras a materias ya reguladas. Con estos argumentos, los grupos de la oposición rechazaron el dictamen de la Comisión, que contó con el “sí” de PP y Vox. 

Según recoge la exposición de motivos, la modificación está dirigida a la protección de las personas menores de edad y los colectivos especialmente vulnerables o que presenten conductas compulsivas ante el juego y las apuestas, a la protección de la salud pública, de la seguridad y del orden público y a la implementación de las recientes políticas del juego responsable, con el objeto de crear un entorno de juego seguro, consciente y responsable.