Sancionan con 40.000 euros al propietario de un prostíbulo por irregularidades en materia de extranjería

​La actuación conjunta entre Policía Nacional e Inspección de Trabajo investiga también un taller mecánico que empleaba a dos ciudadanos extranjeros en situación irregular y sin contrato.
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Policia nacional20


Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro (Burgos), en colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social destaparon irregulares en materia de extranjería e incumplimientos de la normativa municipal en un prostíbulo de Miranda de Ebro (Burgos). La sanción propuesta al propietario del club por el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social asciende a 40.000 euros. 


Según informaron fuentes policiales, las actuaciones conjuntas entre Policía Nacional e Inspección de Trabajo se efectuaron durante el pasado mes de enero, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. En primer lugar, se efectuó una actuación conjunta en un prostíbulo de la localidad donde se constató que cuatro mujeres, que no figuraban de alta en la Seguridad Social, incitaban a realizar consumiciones. 


Desde la Policía Nacional señalan que esta es una práctica habitual en este tipo de negocios, y tiene como objetivo aumentar el gasto del cliente y el beneficio del establecimiento. A dos de ellas les será aplicado el régimen sancionador de la vigente Ley de Extranjería pues carecían de autorización administrativa para permanecer o residir en España. Recuerdan además que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha resuelto recientemente que estos locales tienen la obligación de dar de alta a su plantilla, de forma independiente a si son prostituidas fruto o no de una coacción.


Por otra parte, fruto de esta colaboración, se efectuó también otra actuación en un taller mecánico que ejercía su actividad a puerta cerrada. En su interior se identificó a dos trabajadores extranjeros en situación irregular en España, sin contrato de trabajo, vulnerando sus derechos. En este caso la Inspección de Trabajo y Seguridad Social propuso al propietario del taller una sanción que asciende a 20.000 euros, dándose la circunstancia de que esta persona ya había sido previamente sancionado por conductas similares.