Fernando García, presidente de Fecylbus: “No somos almas de la caridad. El transporte rural necesita apoyo público”

El presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), el segoviano Fernando García, defiende el apoyo público para mantener este servicio, especialmente, en el medio rural, donde la rentabilidad empresarial se ve comprometida, más aún tras el paso de la pandemia del COVID, con la caída del número de usuarios, y el aumento del precio de los combustibles.

Precisamente, en una entrevista concedida a Ical, García reclama a la Consejería de Educación que cumpla con su promesa de actualizar en dos ejercicios lo que abona por las rutas integradas, que comparten los estudiantes y los viajeros regulares a demanda.

A principios de este curso, plantearon que las empresas atravesaban dificultades económicas y pidieron mejoras en la remuneración del transporte integrado, escolar y regular. ¿La Junta ha atendido su reclamación?

Nosotros lo que pedimos a la Consejería de Educación es que revise los precios que abona por estos servicios, los combinados, porque no se ha hecho nunca desde que se desplegaron, a pesar de cómo se está disparando todo. Llevamos ya mucho tiempo pidiéndolo, hemos enviado cartas, incluso al presidente de la Junta (Alfonso Fernández Mañueco) y, en este momento, no sabemos nada.

¿Qué cantidad o mejora reclaman a la Junta?

Es algo que hemos hablado en las conversaciones que hemos mantenido e, incluso, recibimos una propuesta para incrementar los precios de forma diferida en dos cursos. A nosotros nos pareció bien, pero este curso ha empezado y no sabemos nada. El sector está preocupado ya no es que haya malestar, es que realmente estamos hablando de la pervivencia económica de algunas empresas porque se están prestando servicios a precios del año 2012 y estamos en el 2023.

De mantenerse el silencio de la Junta, ¿qué pasos darían las empresas?

Nosotros siempre apostamos por el diálogo. Creo que se nos atenderá porque no estamos pidiendo nada que no sea justo para nuestras empresas. Lo que queremos es que se nos pague lo que se comprometió, que es algo muy razonable.

A todo ello, se une la ayuda pendiente por las medidas de higiene derivadas del COVID en los autobuses del curso 2021-2022?

En 2020, al término del curso, cobramos la ayuda por el protocolo de seguridad, que conllevaba tener geles, mascarillas o mantener la distancia entre usuarios. La administración no es lo más rápido que hay en el mundo, pero estamos en 2023, ha empezado otro curso, y no hemos cobrado los fondos previstos. Sabemos que está presupuestada y nos han dicho que la recibiremos, pero de momento no ha sido así.

Decía que las empresas lo estaban pasando mal, ¿cómo va a ser 2023 para los concesionarios de las líneas interurbanas de Castilla y León?

2022 no terminó mal. De este año no sé cómo vamos a terminar el ejercicio, pero sí que es verdad que las políticas de gratuidad y bonificación del transporte público han hecho aumentar el número de viajeros, pero la pega es que los concesionarios tenemos que adelantar el dinero y la administración paga con un poquito de retraso. No obstante, en Castilla y León tenemos zonas con poca población, salvo las ciudades, por lo que también se generan pocos ingresos.

La Junta financia cada año el déficit de explotación de sus líneas de autobús, ¿están satisfechos con lo que reciben?

Estamos ahora mismo pendientes de recibir la parte correspondiente al primer semestre. La empresas presentamos la declaración con los ingresos y gastos hasta el 30 de junio para que se nos abone la diferencia con el anticipo del déficit de explotación. Lo que nos han dicho desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital es que quizás en octubre se liquide esa cantidad.

Entre tanto, Castilla y León afronta la reforma de su modelo transporte de viajeros por carretera. ¿El momento actual dificulta la llegada de los cambios?

Complicado es siempre. Por lo que sabemos, se va a dividir la comunidad en 80 concesiones zonales y estamos a la espera de que salgan los anteproyectos de explotación, algunos previstos ya para este año, si bien se han tenido que actualizar los estudios económicos porque se hicieron antes de la pandemia.

¿Están las empresas en condiciones de dar el salto hacia la nueva movilidad que plantea la Junta? Y los trabajadores, ¿tienen motivos para preocuparse?

Las empresas se tienen que preparar para afrontarlo, lo que queremos es que salga bien, en el sentido de que esté bien dotado económicamente y que sirva para atender un servicio público fundamental para los ciudadanos de Castilla y León. Los trabajadores tienen que estar tranquilos porque, entre otras cosas, firmamos un acuerdo que garantiza que serán subrogados con sus derechos si cambia la empresa concesionaria.

¿Es posible casar la búsqueda de la rentabilidad con el servicio en el medio rural de Castilla y León?

No somos almas de la caridad. El transporte rural necesita apoyo público, si no, es imposible. Las empresas trabajamos a riesgo y ventura y tenemos que pagar a los proveedores y demás gastos. Además, tiene que haber unos plazos de pago establecidos para que no haya lo que se denomina tensión de liquidez. Creo que en Galicia tienen un sistema para ello.

¿Se pueden mantener todas las paradas de autobús existentes en Castilla y León en un modelo a futuro?

Se debería. Bajo mi punto de vista, hay que mantenerlas, si no, no tiene sentido. Aquí en Castilla y León va a pivotar todo, o gran parte, en el Transporte a la Demanda, lógicamente.

¿Y en las líneas estatales, que son líneas de largo recorrido?

De alguna manera, se tiene que encajar. Repito, desconozco la letra pequeña, las tripas del nuevo mapa de Castilla y León y no sé qué está haciendo el Ministerio (Transporte, Movilidad y Agenda Urbana), pero tiene que casarse, si no, no tendría sentido. Ahora mismo, está todo parado, tanto el mapa concesional del Estado, como la nueva ley de movilidad sostenible, que para nosotros es importante porque define la financiación pública del transporte de viajeros.

El AVE se ha extendido por las ciudades de Castilla y León, ¿su competencia les ha perjudicado en la Comunidad?

Todo es competencia. Nosotros como sector no estamos en contra del ferrocarril, tenemos que ser un modo complementario. Lo que pasa es que, claro, si tienes gratis el tren, pues lógicamente lo utilizas y no te subes al autobús. Eso sí nos está perjudicando y se nos tendría que compensar por la pérdida de ingresos porque nosotros tenemos que hacer las mismas rutas, aunque no tengamos los mismos viajeros.

Los carburantes continúan con su escalada de este verano y han vuelto a situarse en unos precios que no veíamos desde hace meses, ¿Es necesario que el Gobierno se replantee el descuento que aplicaba?

Sí. La bonificación al gasóleo profesional es de diez céntimos hasta el 30 de septiembre y será de cinco en el cuarto trimestre. Pedimos que aumenten porque los precios hace unas semanas estaban un 40 por ciento ya más altos que antes del inicio de la guerra de Ucrania.

Otra de las respuestas del Gobierno fueron las medidas de gratuidad y rebaja de precios del transporte público.

Parece que la tendencia nacional es que se mantengan. Lo cierto es que la demanda ha aumentado.

En cuanto a la movilidad sostenible, ¿qué inversiones afronta el sector?

Hay mucha incertidumbre ante lo que surja de ese nuevo mapa de Castilla y León porque un autobús nuevo, estándar, de 55 plazas, ronda los 280.000 euros. Quien tiene que renovar un vehículo, pues lo que hace es decantarse por el gasóleo. Parece que hay cierta tendencia a adquirir algunos híbridos, pero es complicado de momento. Otra opción es el diésel 100 por 100 renovable.

Finalmente, se acaba de conocer que los peajes en las autovías se descartan para 2024. ¿Satisfechos con la decisión?

El pago por el uso de infraestructuras es algo que se lleva oyendo mucho tiempo. En otros países de Europa ya existe, como en Portugal. Aquí que no se aplique, pues lo aplaudimos. Todo lo que sea evitar pagar, pues claro, nos viene bien.