Castilla y León aumenta su déficit hasta los 462 millones durante el primer semestre de 2023 frente a los 110 del pasado año

La necesidad de financiación se sitúa así en el 0.68% del PIB autonómico.
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PIB


Castilla y León registró un déficit de 462 millones de euros en sus cuentas durante el primer semestre de 2023, lo que supone el 0,68 por ciento de su PIB, cuando hace un año, en el mismo periodo, la necesidad de financiación se situaba en 110 millones, el 0,17 por ciento de su economía.


En este mismo periodo, el conjunto de las administraciones regionales acumuló un déficit de 12.110 millones, lo que equivale al 0,86 por ciento del PIB, casi el doble que el registrado hasta mayo de este mismo año, y más de dos décimas menor que el déficit del primer semestre de 2022, del 0,65 por ciento de la economía al alcanzar los 8.571 millones de euros, según informó a Ical el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 


Ninguna autonomía presentó superávit durante este primer semestre de 2023, aunque el déficit de La Rioja (46 millones de euros), País Vasco (65 millones) y Asturias (77 millones) se quedó por debajo de los 100 millones y del 0,5 por ciento de su PIB. Por el contrario, las mayores tasas de endeudamiento tuvieron lugar en la Región de Murcia (1,59 por ciento), Baleares (1,55 por ciento), Extremadura (1,46 por ciento) y la Comunidad Valenciana (1,42 por ciento).


En términos absolutos, sin embargo, las autonomías que presentaron una mayor necesidad de financiación fueron Cataluña, con 2.684 millones de euros (1 por ciento de su PIB); la Comunidad de Madrid, que acumula 1.913 millones de euros (0,7 por ciento del PIB); la Comunidad Valenciana, con 1.860 millones de euros (1,42 por ciento del PIB) y Andalucía, que registra un déficit de 1.209 millones (0,64 por ciento de su PIB).


El déficit del Estado hasta julio se sitúa en el 2,68 por ciento del PIB y aumenta 0,87 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior por el impacto de las liquidaciones definitivas del sistema de financiación de 2021, que ascienden a 11.798 millones de euros a favor de las Comunidades Autónomas, frente al pasado año, donde fueron de 6.106 millones a favor del Estado.