Una modificación del PGOU revertirá a los pequeños agricultores de Zamora más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo urbanizable a rústico

​Más de 3 hectáreas corresponden a una petición de la Junta Agropecuaria Local y 1,2 hectáreas a la sentencia favorable a la Comunidad de Regantes del Canal de San Frontis en 2016, unos cambios que se aprobarán en el Pleno de este mes.
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El Ayuntamiento de Zamora someterá al Pleno de este mes marzo la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que revertirá a los pequeños propietarios más de 300 hectáreas de suelo rústico que fueron recalificadas como suelo urbanizable por el PGOU en el año 2011. Este cambio fue anunciado hoy por el alcalde, Francisco Guarido, en una rueda de prensa acompañado por el concejal de Urbanismo, Romualdo Fernández, en la que recordó que la modificación se ha realizado a petición de la Junta Agropecuaria Local, cuyos asociados reclamaban al Consistorio la reversión a su anterior calificación como rústico del suelo que el Plan de Ordenación Urbana de 2011 convirtió en urbanizable, con el consiguiente perjuicio para los pequeños propietarios que no podían “hacer nada en sus propios terrenos”.


Para poder acometer esta actuación ha sido necesaria una modificación del PGOU que suprime más de 4,7 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, de los que tres millones corresponden a los cambios promovidos por la Junta Agropecuaria Local y 1,2 millones a la sentencia favorable a la Asociación de Regantes del Canal de San Frontis, que anuló cinco sectores del PGOU de 2011. Tras la modificación, el alcalde apuntó que el suelo urbano/urbanizable sumará 15.288.000 metros cuadrados, para una población de 120.000 habitantes y la posibilidad de construir hasta 20.300 viviendas, frente a las 33.800 que permitía el PGOU de 2011. Además, mejoran los estándares en espacios verdes, de 11,3 metros cuadrados por habitante a 12, y en equipamientos, de 8 a 9,5. Guarido puso de relieve la complejidad de unos trámites que se han alargado tres años e hizo un ejercicio de memoria para explicar que el PGOU de 2011 comenzó a tramitarse en 2006, en pleno boom del ladrillo, pero su aprobación, cinco años después, coincidió con el inicio de la crisis que se derivó de la burbuja inmobiliaria, con duras consecuencias para toda la sociedad española. “El Ayuntamiento de Zamora, en manos del PP, se quedó colgado de la brocha porque ya no tenía mucho sentido lo que se llevaba al Pleno”. Se remontó a 2001, año en el que el PGOU consideraba suelo urbanizable todo aquel que no estuviera protegido, “una auténtica locura”, que permitió construir a seis kilómetros de la ciudad, caso de la urbanización siglo XXI.


En 2011, los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana incluyen divisiones por sectores (carretera de Carrascal,  entorno del Ruta de la Plata, Canal de San Frontis o franja superior de la Alberca, entre otros), para una ciudad que entonces se pensaba llegaría a tener 167.000 habitantes. “El espejismo hizo creer que los pequeños propietarios iban a acabar siendo millonarios porque se construirían miles de viviendas”, señaló el alcalde, “aunque todo quedó en nada, al igual que la urbanización enfrente del barrio de Carrascal, con 2.000 casas, un campo de golf y todas aquellas imaginaciones que algunos creyeron hasta que se impuso la realidad: había que pagar el IBI de suelo urbanizable, que se multiplicaba por 30, y el impuesto de Transmisiones tras la compraventa de suelo, cantidades inasumibles para los dueños de los terrenos”.


 La situación se intentó resolver entonces aprobando bonificaciones al IBI para los pequeños propietarios de suelo agrícola y se tradujo en que la Junta de Castilla y León renunció en el año 2013 al proyecto “Cúpulas del Duero”, “un programa de inversiones de cientos de millones de euros en Zamora, que quedó en nada, aunque la fiesta la tuvo que pagar la Diputación”, subrayó Francisco Guarido. En 2016, una sentencia a favor de la Asociación de Regantes del Canal de San Frontis anuló cinco sectores que sumaban más de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo, “un fallo que pretendía resolver todo el desaguisado del PGOU de 2011 del Partido Popular”, en palabras del alcalde, que avanzó que la aprobación definitiva del Plan podría estar lista a finales de este año.


        Tres años después, en 2019, la Junta Agropecuaria Local solicita al equipo de Gobierno la reversión de más de tres millones de metros cuadrados de terreno de urbanizable a rústico, acuerdo que ahora se incluirá en el orden del día del Pleno de este mes de marzo para su aprobación provisional. “Esto supone que queda una ciudad para 120.000 habitantes, con un colchón suficiente para que la capital pueda crecer de forma razonable”, aseguró el regidor municipal, para quien el “PP tuvo delirios de grandeza con el urbanismo, con el siguiente perjuicio para los pequeños propietarios y para la ciudad en general, mientras algunos se hacían millonarios”.


Recordó Guarido que entre 2008 y 2011, años en los que era concejal de la oposición, el metro cuadrado de suelo pasó de valer 8 a 60 euros, un incremento que permitió “a algunos ponerse las botas, con la reventa de suelo que acabó en las cajas de ahorro, que también se fueron a la picota. La fiesta la acabó pagando el ciudadano, después de que el Estado tuviera que inyectar más de 60.000 millones para salvar los agujeros que tenían las cajas en toda España”. “Así acabó el festín”, concluyó Francisco Guarido.