Tras escuchar la posición del popular Raúl Hernández, que argumentó que lo que no se cumple es por una cuestión técnica y rechazar que se vaya a cambiar el código ético para que los altos cargos puedan recibir regalos de “cortesía social”, y a Javier Teira, de Vox, pidió que cada punto se votara por separado, aunque se alargará la votación.
En su exposición inicial, el procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, planteó un decálogo para mantener la prohibición de aceptar regalos e invitaciones por los altos cargos como “muestra de cortesía social”, actualizar cada día la agenda pública, la publicación trimestral de todas las subvenciones, la reforma de la ley de transparencia, hacer públicos los informes encargados a la AIReF o aprobar una nueva ley de régimen jurídico de altos cargos.
“Traemos una moción que pretende mantener los pasos dados en la pasada legislatura”, explicó Igea, anterior responsable de la Consejería de Transparencia de la Junta, ante el pleno de las Cortes, que insistió en que figure en la agenda de altos cargos las reuniones que mantienen, donde se refirió expresamente a la del vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox).
Igualmente, lamentó que con “la derechita valiente” en el Gobierno autonómico no se conozcan las subvenciones de 20 millones a la publicidad institucional y retó a Vox a atenerse a lo que dice el TSJ y voten a favor de los datos que el tribunal ha dicho que hay que publicar en relación a las residencia de mayores y el covid.
“Espero que el señor Igea retire la moción porque o bien se realizan o no se pueden realizar por motivos técnicos”, inició su turno Raúl Hernández (PP), que apuntó a las declaraciones del presidente de la Junta y del consejero de la Presidencia en su compromiso con la transparencia.
Así, manifestó que “no se ha abierto la veda para recibir regalos” sino que la Comisión de Ética adapta una discrepancia, alegó a un problema de protección de datos para publicar las subvenciones, indicó que el programa Bision de gestión sanitaria se empezó a utilizar en 2020 y concluyó que la reforma de la ley de transparencia se realizará cuando esté la nacional.
Javier Bernardo Teira (Vox) afirmó que la transparencia exige calidad, ética y transformación digital, añadió que comparte puntos en relación a los datos, que se hace por la Junta, pero rechazó que se propongan “medidas coercitivas”. “Con Vox no cuenten para este viaje”, zanjó.
En nombre del Grupo Socialista, Luis Briones calificó de “laxas, descafeinadas e insuficientes” las medidas propuestas y afeó a Igea que traiga ahora acciones cuando está fuera del Gobierno y en él no apoyó que “se levantaran alfombras”. Sin embargo, respaldó el decálogo pero consideró que se debería incluir la oficina contra el fraude.
Con ánimo propositivo, presentó dos enmiendas para dar el apoyo a la moción, como hacer públicos con carácter inmediatos los datos de fallecidos por covid en residencias y las personas mayores y con discapacidad trasladas a los hospitales y los positivos o con síntomas no evacuados a centros hospitalarios, en línea con el fallo del TSJ.
El procurador de UPL-Soria Ya José Ramón García manifestó que “no hay ninguna necesidad” de que los altos cargos reciban regalos por “cortesía social”, algo que no está regulado, y apoyó también los otros puntos de actualizar las agendas públicas y hacer públicos los informes que se encargan a órganos externos. “Debemos ser ejemplos para la sociedad”, aseveró, tras dar el apoyo al texto.
Cerró el debate Igea con la aseveración de que no se publican las subvenciones porque “quieren seguir sumidos en la opacidad” y respondió al PSOE que la transparencia en la Junta ha cambiado al no estar Ciudadanos, para aclarar que el director general de Transparencia y Buen Gobierno, de Cs, se posicionó a publicar los datos de residencias como ahora indica el TSJ.
“Lamento alargar la votación”, afirmó para manifestar que todos los puntos se votarían por separado para conocer en lo que PP y Vox están o no de acuerdo. El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, manifestó que su grupo no había pedido votación por separado y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, le aclaró que era una solicitud del ponente.