En la fecha en la que se originó el incendio se encontraba vigente la Resolución del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal por la que se incrementaba la situación de riesgo meteorológico de incendios forestales y se declaraba situación de alarma del 16 al 19 de julio en Castilla y León, lo que prohibía el uso de maquinaria en el monte o a menos de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento pueda generar deflagración, chispas o descargas eléctricas.
Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de guardia de León y en la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Audiencia Provincial de León.