Los tres procuradores del Grupo Mixto de las Cortes tienen la condición de portavoces habilitados
Podrán rotar para formular la pregunta al presidente de la Junta y las iniciativas pueden llevar la firma de su autor.
Los tres procuradores que forman el Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández (Unidas Podemos), Francisco Igea (Ciudadanos) y Pedro Pascual (Por Ávila), tienen la condición de portavoces habilitados, según consta en la resolución del presidente de la Cámara, Carlos Pollán.
Ello se produce a la vista de la composición que presenta el Grupo Parlamentario Mixto en esta XI legislatura de las Cortes de Castilla y León, por lo que la Mesa de la Cámara ha acordado conferir a cada uno de los procuradores integrados en dicho Grupo Parlamentario durante esta legislatura la condición de Portavoces habilitados.
Será así, según la misma resolución consultada por Ical, para formular la pregunta al presidente de la Junta de Castilla y León que corresponde a este grupo en casa sesión plenaria, para lo que seguirán el turno de rotación que ellos establezcan. En caso de no existir acuerdo entre los miembros del Grupo, será la Presidencia de la Cámara la que decida esa rotación.
Por otro lado, cada uno de los procuradores del Grupo Parlamentario Mixto podrá actuar como portavoces habilitados a los efectos de la presentación de iniciativas parlamentarias, sin que los escritos que se registren tengan que llevar la firma del portavoz oficial.
Así, en las iniciativas de ejercicio individual que, de conformidad con el Reglamento parlamentario, precisan de la firma del portavoz a efectos de conocimiento, bastará con la firma del procurador del Grupo Parlamentario Mixto autor de la iniciativa para su perfeccionamiento.
PABLO FERNÁNDEZ
El Grupo Mixto acordó que la portavocía del mismo recaíga en Pablo Fernández y la viceportavocía en Francisco Igea. La Mesa de las Cortes, a propuesta de PP y Vox, decidió que solo este liberado y tenga dedicación exclusiva el portavoz. Fernández e Igea han pedido su reconsideración y han advertido de que, de no ser así, irán hasta el Tribunal Constitucional para defender sus derechos.