Convalidado por unanimidad en las Cortes el decreto que sube un 2% el salario de los empleados públicos

La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León convalidó este jueves por unanimidad el decreto ley, remitido por la Junta, para hacer efectiva la subida de un 2 por ciento en la nómina de los empleados públicos de la Comunidad con efecto retroactivo del 1 de enero de 2022, si bien los intervinientes reconocieron que es insuficiente debido al incremento de la inflación.

La convalidación del decreto ley obtuvo 15 votos a favor de los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos, en una sesión en la que no estuvieron los portavoces socialista, Luis Tudanca, y morado, Pablo Fernández, miembros de la Diputación Permanente, por ser candidatos en la campaña electoral.

Tanto el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, como la procurador del PP Leticia García valoraron que se hace un ejercicio de responsabilidad con este decreto para que la subida sea efectiva lo antes posible dado que los presupuestos están prórrogados, lo que no compartió el socialista José Luis Vázquez, quien subrayó que se debe a una convocatoria “irresponsable” de la selecciones “por quien no ha querido gobernar”.

El decreto ley fue presentado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien explicó que la Junta acudió a esta figura normativa para aprobar de forma urgente el aumento de las retribuciones en el sector público de Castilla y León, y recordó que la subida es del 2 por ciento que no cubre “el desorbitado incremento” de la inflación y llevará a una perdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.

Este incremento retributivo es aplicable con efectos desde la nómina de enero de 2022 y tendrá una incidencia estimada de 100 millones de euros dentro de los capítulos de gasto de los presupuestos de la Administración General e Institucional de la Comunidad, detalló.

Fernández Carriedo afirmó que “la nueva brecha” entre el IPC y los PGE abrirán una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos, subrayó que su trabajo alcanza valores de “excelencia” y manifestó que 20.000 de ellos tienen reconocido un complemento en sus nóminas.

La urgencia viene determinada por la prórroga de los presupuestos y esperar a una ley supondría retrasar más tiempo dado el proceso electoral, argumentó, para indicar que la Junta opta por el máximo de la norma básica que es una subida del 2 por ciento.

Así, precisó que el incremento retributivo se estima que tendrá una incidencia directa sobre el presupuesto prorrogado de 85,6 millones de euros en el capítulo 1 y de 14,5 millones de euros en el capítulo 4 derivado de los acuerdos de analogía retributiva para los profesionales de los centros educativos concertados y universidades.

Por parte de Ciudadanos, David Castaño, que avanzó el voto a favor, incidió en que el aumento de ese 2 por ciento no cubrirá el descenso de su poder adquisitivo ante un incremento del 6,5 por ciento del IPC, donde expresó el temor de que no se reducirá por la inflación subyacente, y lamentó que el Gobierno no apueste por la reducción del IRPF porque ello supondrá una pérdida del 9 por ciento.

Castaño subrayó que el incremento de los carburantes o de la factura de la luz hace que una persona con un salario de 1.000 euros está “casi en el umbral de la pobreza” y abogó por estabilizar los precios o por aumentar los salarios.

La ‘popular’ Leticia García afirmó que se hace un ejercicio de responsabilidad con los empleados públicos y se contribuye a paliar la perdida de poder adquisitivo ante el incremento de la inflación y destacó que el decreto apuesta por la subida máxima de la norma básica de los Presupuestos Generales del Estado.

“En Castilla y León siempre hemos defendido la subida máxima permitida”, argumentó, para indicar que la falta de presupuesto, que “el PP defendió hasta donde pudo”, no puede afectar a los empleados públicos, que han sufrido con el descenso en sus nóminas en 2010 por el Gobierno de Zapatero. “Este Gobierno es el fruto de la coherencia de la Junta, tratando de paliar el empobrecimiento del Gobierno de Sánchez a las clases medias”, aseveró.

"DÍA TRISTE"

El socialista José Luis Vázquez, que señaló que hoy es “un día triste” para el PP por su “no” a la reforma laboral, manifestó que el decreto se debe a la convocatoria “irresponsable” de unas elecciones por “quien no ha querido gobernar”. “Hemos asistido aquí al paradigma de lo que han sido estos dos años y medio, las mentiras de 2019 nos traen aquí”, sostuvo, para afear que no se hayan aplicado las 35 horas, que es “también una perdida de poder adquisitivo”.

Vázquez afirmó que a los empleados públicos se les defiende con la mejora también de sus condiciones laborales, manifestó que hay supéravit para haber dotado del personal suficiente en todos los servicios públicos y defendió que son las políticas del presidente Sánchez las que palían unas consecuencias estructurales. “Vamos a aprobar este decreto”, avanzó. “Disfruten de estos últimos días en el Gobierno. No hagan más daño”, concluyó.