PCAS-TC-RE exige a los grupos de las Cortes que informen de sus gastos o presentará una denuncia

La coalición electoral Partido Castellano-Tierra Comunera-Recortes Cero exigió hoy a los grupos de las Cortes la presentación pública de sus gastos antes de la votación del 13F, porque de lo contrario estudiará la presentación de una denuncia judicial por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación, a la vez que requiere a las Cortes y al Consejo de Cuentas que fiscalicen dichos gastos.

En un comunicado, el candidato de la formación castellanista, que se presenta en las nueve provincias de la Comunidad, cree que los grupos políticos pueden “encubrir” hasta un 60 por ciento de los casi cuatro millones que reciben del Parlamento para sus gastos de funcionamientos y expresa la sospecha de que pueda ir a la financiación irregular a sus partidos.

Según este partido, existe falta de transparencia y opacidad en la publicación de sus cuentas en la web institucional e insiste en que puede haber ido una parte de dinero a financiar a sus partidos o bien a retribuciones de algunos procuradores. 

Por ello, reclama a los grupos de las Cortes de Castilla y León la presentación pública con anterioridad a las votaciones, de un informe fiscalizado por auditor independiente que justifique con detalle los gastos realizados con las subvenciones que les proporciona el Parlamento de Castilla y León para su funcionamiento ordinario. 

El candidato castellanista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Domingo Hernández Araico, expresa su profunda preocupación porque “no existe ningún tipo de fiscalización ni por parte de las Cortes de Castilla y León, ni por parte del Tribunal de Cuentas del Castilla y León, que explique el destino de casi 4 millones de euros al año.

En tal sentido, considera que todos los partidos políticos presentes en el parlamento regional se reparten, “de mutuo acuerdo, sin ningún tipo de control y, destinándolos a fines ajenos a los que establece el Reglamento de las Cortes de Castilla y León en su artículo 24”. 

Es por ello que esta candidatura castellanista reclama que por vía de urgencia, los grupos parlamentarios hagan públicas sus cuentas, detallando los gastos de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, y vinculándolos a facturas por contrataciones de personal, la adquisición de bienes o la prestación de servicios”. 

En caso contrario, avisa de que los servicios jurídicos de esta formación comunera estudiarán la presentación de una denuncia por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación contra las personas responsables de presentar esta contabilidad de los diferentes grupos parlamentarios. 

El candidato castellanista, Domingo Hernández Araico, considera sorprendente que el Tribunal de Cuentas de Castilla y León no haya considerado nunca la necesidad de fiscalizar las cuentas de los grupos parlamentarios de Castilla y León, que en los años que de este siglo XXI “han gastado con impunidad y oscuridad más de 80 millones de euros”, mientras que “en otras comunidades autónomas se realizan informes detallados sobre el destino de cada euro que reciben sus grupos parlamentarios regionales”. 

Entiende el candidato que tampoco las propias Cortes de Castilla y León “han ejercido eficientemente su labor fiscalizadora y su obligación de comunicarla a la sociedad”, ya que “satisfacen las exigencias de transparencia que reclama la ciudadanía con la publicación de vergonzosos informes que presentan los partidos, donde no figura ninguna información contable básica, que pueda orientar sobre el destino de tan ingentes cantidades de dinero público”. 

Datos significativos

Algunos datos, según el castellanista, “resultan extremadamente significativos”, donde desgrana que en 2020 (no se han publicado datos de 2021) Ciudadanos justificó más del 52 por ciento de los 573.240 euros que recibió con el epígrafe de “otros resultados”; también el PP “justificó” más de 230.000 euros simplemente como “otros gastos”. 

De “escandalosa” califica la situación de las formaciones del Grupo Mixto: Podemos (114.400 euros), UPL (57.000 euros), Vox (57.000 euros) y Por Ávila (57.000 euros), que “justifican” todo el destino del 100 por cien de sus ingresos a “otros gastos”; finalmente, el Grupo Socialista dedicó 790.000 euros “directamente a financiar a su partido”, así como más de 300.000 euros “a dietas y retribuciones complementarias a procuradores, que ya las reciben por otras vías de las Cortes”.

Especialmente preocupante consideran desde esta candidatura castellanista que no figuran en la información existente, relación de las tarjetas de crédito a disposición de los procuradores y sus grupos, así como de sus gastos, ni si los titulares de las cuentas donde se ingresan los fondos pertenecen a los grupos parlamentarios o a los partidos, así como si las personas titulares son procuradores o no.

Por ello, exigen una fiscalización inmediata de las contabilidades de estos grupos políticos de los últimos cinco años por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, con emisión de un Informe público, así como el establecimiento por parte del Parlamento Regional de un Reglamento claro y transparente que explicite los destinos razonables para las subvenciones para el funcionamiento de los Grupos Parlamentarios.