El Consejo Consultivo dictamina sobre el anteproyecto de Ley de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla y León
El Consejo Consultivo de Castilla y León emitió hoy su dictamen sobre el anteproyecto de Ley en virtud del cual se crea y regula de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad autónoma, además de establecer el estatuto de las personas denunciantes.
La oficina nace para “reforzar” la prevención y la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier conducta o hecho del que pudieran derivarse ilícitos relacionados con la gestión y percepción de fondos públicos, la toma de decisiones en la gestión pública y con cualquier otra acción u omisión constitutiva de alguna forma de fraude o corrupción, según recoge el texto del anteproyecto de Ley.
La Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León se configura como un ente público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se adscribe a las Cortes de Castilla y León, y actuará con plena independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones, según indicaron fuentes del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Las actuaciones previstas en la Ley se rigen por los principios de “legalidad, integridad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, responsabilidad, transparencia, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas” a la ciudadanía, según enumeraron las mismas fuentes.
El dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León es preceptivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de la Institución, entre los que figuran los anteproyectos de Ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes y sus modificaciones.
Además, el Consejo Consultivo dictaminó en la reunión de hoy sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan las oficinas de asistencia en materia de registros de la administración de Castilla y León, cuya función es regular la organización y funcionamiento “homogéneos” de la asistencia presencial a la ciudadanía.