El procedimiento sancionador se inició sin tomar muestras del supuesto vertido y sin realizar el correspondiente análisis de las aguas, que pudieran confirmar la existencia o no de vertidos.
Se trata de una imprudencia grave por parte de la empresa cargadora, al no verificar que la cisterna estaba habilitada para contener el producto corrosivo, que provocó la fuga de más de 16.000 litros.
