El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó hoy que tiene la convicción de que no ha fallado a la Comunidad por que se ha trabajado “todo lo posible”, se ha cumplido con las medidas pactadas y ha estado pegado al terreno, pendiente de los incendios “desde el primer momento”.
En una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero recogida por Ical, reiteró que la Administración autonómica cuenta con “suficientes medios” y que, actualmente, hay 1.500 personas trabajando en el operativo en distintos turnos, pero que “circunstancias meteorológicas adversas” como las de los últimos, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, calor extremo y sequedad de las zonas afectadas provocaron que los fuegos estuvieran “fuera de la capacidad de extinción”. “No es un problema de coordinación sino de unas condiciones meteorológicas excepcionales y extraordinarias, como ha ocurrido en otras comunidades y países como Portugal, Francia, Grecia e Italia”, aseveró.
Preguntado por si es necesario realizar una autocrítica en el seno del Gobierno autonómico, Fernández Mañueco respondió que cada año, tras el fin de campaña de lucha contra los incendios en octubre, es el momento de reflexionar. “Todos debemos hacer autocrítica, como tuvo lugar en 2022 tras los graves incendios que castigaron a la Comunidad”, señaló pero lanzó el mensaje de que cuando toda España y otros países del entorno sufren una situación parecida, hay que pensar que las circunstancias meteorológicas son cada vez más extremas, que han provocado un centenar de incendios desde el pasado viernes.
El presidente de la Junta apostó por una reflexión “serena y conjunta”, en el marco del Diálogo Social, para mejorar el operativo de cara a próximas campañas. Recordó que en el año 2022 se llegó a un acuerdo con el Diálogo Social para duplicar el presupuesto destinado a la extinción de incendios, que en 2025 llega a los 130 millones de euros, y triplicar el de prevención, que este año asciende a 74 millones de euros.
En cuanto a las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en la extinción de incendios en Castilla y León, aseguró que los brigadistas que dependen de la Junta cobran entre 1.800 y 2.000 euros, tras la mejora de su convenio colectivo, frente a los 1.300 euros que perciben los que están contratados a través de Tragsa. “Es algo que habrá que preguntar a la empresa pública, que depende del Ministerio y a los representantes de los trabajos y la propia compañía por que la Junta se limita a contratar a las empresas”, señaló.
Por último, manifestó que no desea entrar en el “juego de descalificaciones” de los ministros Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños acerca de la gestión de la extinción de los incendios en Castilla y León. Dijo que aún no había recibido una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que solo había hablado con la ministra de Defensa, Margarita Roble, a quien quiso agradecer la ayuda de la Unión Militar de Emergencias (UME).