Francisco Javier D’Agostino, empresario hispanovenezolano con residencia en España y amplia trayectoria en inversiones internacionales, ha logrado una resolución judicial favorable en uno de los casos civiles más notorios del último año. El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid ha decretado el embargo total de los bienes de Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de Banca March, tras su negativa a cumplir con una sentencia que lo condenaba a pagar cerca de 3 millones de euros por la venta frustrada de una histórica finca en Mallorca.
Los hechos se remontan a 2021, cuando March acordó vender la finca Son Galcerán, situada en las afueras de Valldemossa, por 8 millones de euros a una sociedad vinculada a Francisco Javier D’Agostino. Tras recibir un anticipo de 2,4 millones de euros, March canceló el acuerdo de forma unilateral y vendió la propiedad a un tercero por 12 millones de euros, sin devolver el importe recibido.
En abril de 2024, el tribunal madrileño condenó a March a reintegrar los 2,4 millones de euros y abonar además 300.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios pactada en el contrato. Como el pago no fue realizado, el 11 de junio de 2025 se dictó una orden de embargo sobre todos los bienes del condenado, incluidas cuentas bancarias, participaciones empresariales y fondos de inversión tanto en España como en el extranjero. El total adeudado, con costas e intereses, asciende actualmente a 3,5 millones de euros.
La finca en cuestión posee un importante valor histórico. Son Galcerán fue propiedad del archiduque Luis Salvador de Austria y llegó a hospedar a la emperatriz Sissí en sus visitas a la isla. La jueza encargada del caso concluyó que no existía una razón válida ni creíble para que March hubiese incumplido el contrato original, y que su intención fue únicamente obtener mayor beneficio económico con la venta posterior.
Además de su actividad empresarial, Francisco Javier D’Agostino es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, descendiente del rey Alfonso XIII y figura relevante dentro de la aristocracia española. Aunque esta relación familiar ha despertado interés mediático, no tuvo incidencia alguna en el proceso judicial.
A comienzos de 2025, Francisco Javier D’Agostino fue retirado de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras una investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que concluyó que sus actividades comerciales no guardaban relación alguna con el gobierno de Nicolás Maduro.