El Gobierno condicionará los fondos del próximo Plan Estatal a que las viviendas construidas tengan protección permanente
El Gobierno condicionará los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a que las nuevas viviendas construidas con ellos tengan protección permanente y no puedan ser descalificadas.
Fuentes del Ejecutivo explican que esta propuesta, que el presidente, Pedro Sánchez, presentará en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona, va unida a la idea del Ejecutivo de triplicar los fondos aportados en el Plan de Vivienda, que pasarán de 1.700 millones en el vigente (2021-2025) a 4.000 en el próximo (2026-2030).
El Tribunal Constitucional declaró el año pasado inconstitucional la parte de la Ley de Vivienda que establecía que las viviendas protegidas se someterían a un régimen de protección “permanente” que evitaría su descalificación y su entrada en el mercado libre pasado un plazo de tiempo porque consideraba que invadía competencias de las comunidades autónomas.
Hasta el momento, solo cuatro autonomías -Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra; estas dos últimas excluidas del Plan Estatal de Vivienda- blindan a perpetuidad su parque público. Sin embargo, las comunidades autónomas pueden firmar convenios con el Ministerio de Vivienda en los que se recoja de manera explicita la protección permanente de las viviendas construidas.
Aportaciones
Asimismo, Sánchez propondrá a las comunidades autónomas que aumenten el porcentaje de fondos que destinan a las promociones de este Plan Estatal de Vivienda. Actualmente, el Gobierno central pone el 75 por ciento de los fondos y las comunidades autónomas el 25 por ciento, y con esta nueva composición las comunidades pondrían el 40 por ciento y el Gobierno el 60 por ciento restante.
Esto va en línea con el aumento anunciado (de 1.600 a 4.000 millones) de movilización de fondos por parte del Ministerio para el próximo Plan Estatal de Vivienda. Con este aumento del esfuerzo de parte de todos los actores, el Gobierno pretende que las comunidades “asuman su corresponsabilidad” y aporten al menos 2.700 millones, con lo que se movilizaría un total de 7.000 millones de euros.
Por último, el Gobierno pedirá a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que compartan sus datos con el Ministerio de Vivienda para que pueda hacer una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en su ciudad, más allá de los datos aportados por los portales inmobiliarios y distintos operadores privados.