En un comunicado recogido por Ical, desde el PCE se reconoce una bajada en el precio del azúcar en el mercado internacional, pero se considera que está caída en el precio no se ha reflejado en el producto final, cuyos precios se han mantenido o incluso aumentado, contribuyendo al incremento de la inflación.
Además, se argumenta que los problemas del sector están relacionados con las “políticas nocivas” de la Unión Europea que, según apuntan, han favorecido la deslocalización de la producción y la “pérdida de soberanía alimentaria en beneficio de empresarios del centro y norte de Europa".
A su vez, se resalta que la empresa ha tenido beneficios “crecientes” durante más de 20 años, por lo que no contemplan el cierre como una opción. Para el PCE la multinacional británica “está jugando con el escaso presente industrial de la provincia”, por lo que plantea que no se tenga consideraciones “a la hora de intervenir la empresa, incluyendo como solución la nacionalización total de la empresa”.