Blanco exige a la UE fortalecer las herramientas de defensa comercial del sector del automóvil frentre a los aranceles

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, trasladó hoy la necesidad de fortalecer las herramientas de defensa comercial de la Unión Europea en pleno enfrentamiento arancelario internacional. Una de ellas va ligada al vehículo eléctrico, para proteger el producto propio, sobre lo que abogó por la configuración de reglas específicas de origen para fortalecer su ecosistema. Además, defendió la aplicación de medidas ‘antidumping’ contra prácticas desleales, como el impulso de empresas conjuntas o acuerdos de compra en las inversiones extranjeras en el sector, para así aumentar el valor añadido europeo.

Isabel Blanco intervino hoy en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, donde trasladó las necesidades de Castilla y León y expuso las propuestas del Ejecutivo autonómico en tres materias clave: vivienda, Política de Cohesión y automoción. Tal y como recalcó, el objetivo es que se escuche la voz de la Comunidad, ya que la prioridad del Gobierno de Mañueco es “dar respuesta a las preocupaciones de todos los ciudadanos castellanos y leoneses, para lo cual es y va a ser fundamental la orientación de las políticas de la Unión Europea en los próximos años, especialmente en lo que respecta a la Política de Cohesión”.

La vicepresidenta  también participó en la reunión de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción -Corai-, vinculada al Comité Europeo de las Regiones, donde defendió una transición ecológica “justa y viable”, centrada en la reducción de emisiones pero sin penalizar la competitividad, en la misma línea que el Plan de Acción Integral del sector del automóvil presentado por la Comisión Europea, y se felicitó, precisamente, por la flexibilización de la normativa en cuanto a dichas emisiones. Tal y como recalcó durante su turno de palabra, “descarbonizar no es reducir tecnologías y dicha transformación debe ser viable e ir acompasada a la realidad económica y social del sector y de cada territorio”, informa Ical.

Y, precisamente, en un escenario “incierto” como el actual, de guerra arancelaria y comercial a nivel internacional, se debe “dar seguridad tanto al sector como a los propios consumidores”. Por ello, incidió en que la “clave” es apostar por la competitividad: favorecer la eliminación de las cargas burocráticas, continuar por esa senda de flexibilizar los límites de las emisiones para que la transición ecológica sea justa y, también, apostar por la innovación propia. En un área productiva “crucial” para la economía de Castilla y León, defendió que dicho proceso de transformación se acometa “de manera gradual y ordenada y adaptándose a la realidad de cada territorio”.

Todo ello pasa por un impulso de la innovación tecnológica propia. Es decir, no sólo que se fabrique en la Unión Europea, sino que se desarrolle aquí la tecnología, manifestó la número dos del Gobierno autonómico, ya que Europa va con retraso en áreas como las baterías, el software o los sistemas de conducción autónoma. Por ello, abogó por una estrategia a largo plazo que impulse la I+D+i del automóvil en clave europea.

Vivienda

Isabel Blanco también defendió la necesidad de movilizar suelo para construir vivienda y hacer frente a las demandas de todos los extractos de la sociedad: los jóvenes, las familias y también las personas mayores. Y, si bien es preciso edificar en las grandes ciudades, la política de vivienda se debe desarrollar sobre todo en clave rural, para dar respuesta a las necesidades que tienen los municipios, especialmente a la hora de fijar población y generar oportunidades.

Para lograr tales objetivos, es preciso una simplificación normativa y administrativa que facilite tanto la construcción como el acceso a la vivienda, pero también la aprobación de ayudas económicas orientadas a generar un escenario más propicio para los distintos colectivos sociales. En este sentido, abogó por profundizar en la línea que sigue la Junta, de conceder ayudas tanto a la compra como al alquiler, pero también señaló la necesidad de una fiscalidad más favorable.

En este contexto juega un papel esencial la Política de Cohesión, cuyas bases de cara a 2027 se están sentando actualmente. Y es que, según la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, el hecho de necesitar más vivienda en el medio rural es una pretensión propia y ajustada a las características de Castilla y León, y es así como se debe configurar la futura Política de Cohesión: descentralizada, para que las regiones y los entes locales puedan gestionar y decidir sobre los fondos para aplicarlos a las necesidades más acuciantes de sus propios ciudadanos. Al fin y al cabo, dijo los gobiernos regionales son los que mejor conocen las singularidades, especificidades y particularidades de su territorio, pueden aplicar de manera más precisa estas políticas y evitar que nadie se quede atrás.

La número dos del Ejecutivo autonómico reivindicó también que, a la hora de repartir esos fondos, no se tenga en cuenta únicamente el producto interior bruto de cada territorio, sino que deben ganar peso otros factores como la despoblación o la dispersión demográfica. Porque, ejemplificó, no es lo mismo Castilla y León, con 2.248 municipios de los cuales 2.119 no pasan de los 2.000 habitantes, donde llevar los servicios es mucho más costoso, que una región uniprovincial con alta densidad de población.