Desde el Arzobispado de Burgos se responde a través de un comunicado de prensa a otro enviado por la exabadesa en el que, según la Comisión Gestora, “dice hablar en representación de una asociación civil que no consta que esté registrada como tal ante la autoridad competente”. Como ya se manifestó en ocasiones anteriores, precisaron, la transformación de una entidad religiosa en una asociación civil requiere “el permiso y la forma de proceder que dispone la Santa Sede, que no se ha respetado en este asunto”.
En segundo lugar, desde la Comisión Gestora se apunta a que el comunicado de García de Viedma tiene “apariencia de denuncia ante una autoridad competente, sin especificar cuál es esa autoridad”. A este respecto, recordaron que ya realizó otra denuncia ante la Policía Nacional hace más de un mes, al parecer ratificada posteriormente ante la autoridad judicial.
Asimismo, mantiene que al Comisario Pontificio, como representante legal, le asiste el derecho de administrar todos los bienes muebles, inmuebles, dinerarios y financieros de los monasterios. “Es una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias ni se requiere para ello ningún procedimiento judicial”, apuntan.
“Todas las actuaciones realizadas por el comisario pontificio y la comisión gestora están realizadas dentro de la más estricta legalidad. Hay que hacer ver que todas las entidades bancarias y las administraciones públicas, una vez aportada la documentación, han reconocido la representación legal del Comisario Pontificio”, agregaron.
Además recogen que “quien afirma la existencia de morosidad ante empresas y particulares son las propias exreligiosas, como se puede comprobar en sus diversas manifestaciones”. “Asimismo, afirmamos que obran en nuestro poder facturas que llevan meses sin ser abonadas por la gestión de la exabadesa (aproximadamente, y con exclusión de los préstamos, solo en facturas se adeudan unos 42.000 euros, algunas de las cuales tienen hasta dos años de antigüedad), y que ella misma nos ha remitido”, indican y agregan que “todas las comunicaciones que hemos realizado están perfectamente documentadas”.
Desde la Comisión Gestora aseguraron que “desconocen la amplitud de las obligaciones financieras de los monasterios porque la señora García de Viedma sigue ilegalmente impidiendo el acceso a su gestión”.
“Solamente tenemos constancia documentada de algunas facturas impagadas y desconocemos el estado de las obligaciones laborales fiscales y tributarias, por la contumaz actitud de la señora García de Viedma, después de haber pedido información mediante cinco requerimientos (el primero con fecha de 6 de junio, y el último en el día de ayer)”, añadieron.
“Lejos de constituir una asfixia económica para los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, han sido algunos de los monasterios de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu (y de otras federaciones) los que están aportando fondos para hacer frente a las facturas y nóminas que la misma señora García de Viedma nos sigue enviando. De no haber sido así, hubiera sido imposible realizar los pagos con los exiguos fondos que quedaban en las cuentas bancarias”, declararon.
“Respeto a las personas, a la legalidad, a la verdad y a la transparencia”
Además, defendieron que “su modo de proceder es y seguirá siendo el respeto absoluto a las personas, a la legalidad, a la verdad y a la transparencia”. “No entraremos en descalificaciones o difamaciones de ningún tipo. Todas las informaciones aparecidas en nuestras comunicaciones están perfectamente documentadas y se ciñen exclusivamente al relato de hechos verificables”, apostillaron.
Finalmente, compartieron con la señora García de Viedma “el deseo de que se restablezca la legalidad, que ella misma sistemáticamente vulnera, y su intención de que se depuren las responsabilidades correspondientes a las que ella misma no es ajena, aspectos en los que nuestros servicios jurídicos están trabajando para que los tribunales resuelvan, para hacer prevalecer la justicia y el ordenamiento jurídico vigente”.