“Desde luego, lo que no vamos a admitir es que tengamos que gestionar nuevamente su bono joven y, encima, sin presupuesto suficiente. Luego, además, las consecuencias políticas son para las comunidades que parece que somos las que convocamos esa ayuda, que es una ayuda del Gobierno de España y con dinero insuficiente del Gobierno de España”, detalló.
La primera Conferencia Sectorial de Vivienda de la legislatura ha servido a la Junta para exigir “diálogo y consenso” al Ejecutivo central, aunque dudó "mucho de que las cosas vayan a cambiar en esta nueva etapa”, manifestó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tras exigir a la ministra que “abandone la unilateralidad” a la hora de tomar decisiones.
No fue la única discrepancia del representante de la Junta con el Ministerio en temas de jóvenes y vivienda, ya que en la reunión “se ha hablado de un convenio para avalar, no se sabe exactamente a quién, cuando Castilla y León tiene implantado un aval para los jóvenes para que puedan conseguir un apoyo para una mayor amplitud del préstamo hipotecario para adquirir una vivienda”. “Lo lógico es sentar a las comunidades autónomas, ver qué medidas tienen, ver cómo coordinar con el Estado… Y no ha sido así. Nos damos cuenta de que el Gobierno toma medidas que nosotros ya hemos implantado en Castilla y León, y lo hace sin preguntar, sin consensuar y sin coordinar”, enfatizó Suárez-Quiñones, que confió en que, al menos, “la ministra haga caso a las apelaciones" realizadas con las políticas unilaterales”. A su juicio, ese consenso es exigido por los ciudadanos, “que quieren políticas coordinadas y no dar una imagen de que cada administración va por un lado”.
En su intervención en la reunión, según explicó él mismo, ha hecho una mención especial a la Ley estatal de Vivienda, y concretamente a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, según defendió, “retrasa y dificulta que el propietario de una vivienda que sufra una okupación ilegal pueda recuperar su vivienda”. “Es una situación que no se puede consentir, y por tanto le he recordado a la ministra que así no vamos bien, con una Ley de Vivienda que toma medidas que invaden las competencias autonómicas, retrae el mercado con medidas confiscatorias e inquieta a los propietarios”, subrayó el consejero, que espera que, al menos, la ministra tome nota de las recomendaciones trasladadas por las comunidades, aunque “ahora mismo no pinta bien la actitud del nuevo Ministerio y de la nueva ministra y por sus hechos los conoceréis”.
En cuanto a los 37 millones de euros de los fondos europeos relativos a la vivienda que la Junta denuncia que están sin traspasar a Castilla y León, Suárez-Quiñones recordó que la Conferencia Sectorial “llevaba muchísimos meses sin convocarse”, algo que a su juicio no puede repetirse, ya que “los avatares electorales no pueden impedir que se gestionen los interés públicos”. “Por lo tanto, si hubiera habido antes una Conferencia Sectorial ya se hubieran recibido esos 37 millones que no se nos han trasladado y podíamos haber ampliado la convocatoria que terminó el 31 de diciembre. Ese dinero tiene que llegar a los ciudadanos y, por lo tanto, hemos exigido la máxima agilidad para que se trasladen esos fondos”, subrayó.
Traspaso de 430 millones
Por otro lado, en la Conferencia Sectorial que reúne a los consejeros responsables en la materia de las autonomías y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se ha acordado el reparto de fondos por un importe de 430 millones de euros. Este dinero proviene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y va dirigido, fundamentalmente, a la rehabilitación de viviendas, de edificios públicos y de espacios urbanos, así como a la construcción de vivienda asequible y eficiente.
Además, se suman a los más de 3.500 millones de euros que, según el Ministerio, ya han sido transferidos a las regiones. “Estamos hablando de que con la suma de estos millones que hoy aprobamos, estamos ya en el entorno de los 4.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para esta finalidad, complementados con otras acciones, como también el Plan de Rehabilitación de Edificios que hemos conveniado con los ayuntamientos, donde hemos dispuesto otros 600 millones de euros”, detalló la ministra, Isabel Rodríguez.