Así lo refleja el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2023, difundido hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogido por Ical. Las comunidades autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (44,5 casos por cada 1.000 habitantes), Baleares (37,7), Andalucía (36,8), Cataluña (36,6), Madrid (36), Asturias (34,9) y Murcia (34,7). Los territorios con menor tasa de litigiosidad, por su parte, fueron País Vasco (23,2), La Rioja (26,3), y Extremadura (27,2).
En Castilla y León, entre julio y septiembre, los órganos judiciales resolvieron 57.899 asuntos, un uno por ciento más que en el mismo periodo de 2022, cuando quedaron resueltos 57.323 asuntos. Mientras, los asuntos en trámite al final del trimestre se situaron en 126.814, un 27,3 por ciento más que en el tercer trimestre de 2022, cuando fueron 126.814.
La jurisdicción con un mayor número de asuntos ingresados en el tercer trimestre fue la Penal, con 34.866, seguida de la Civil, con 31.111, y los 4.669 de lo Social. Por su parte, los juzgados de lo Contencioso Administrativo registraron 1.580 nuevos asuntos, ligeramente por encima de los 1.568 del mismo periodo de 2022.
La mayor cantidad de resoluciones se registraron en los juzgados de lo Penal, con 30.657, mientras que en Civil se resolvieron 22.079 casos y en lo Social 4.072, por los 1.091 asuntos resueltos en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. La tasa de resolución se situó así en el 0,88 en la jurisdicción penal, en el 0,87 en la social, el 0,71 en la civil y el 0,69 en la contencioso-administrativa.
La mayor tasa de congestión en la Comunidad la presenta la jurisdicción contencioso-administrativa, con 6,56, mientras que la social se situó en el 5,28 la civil en el 4,97 y la penal en el 2,65.