Exministros y exdirigentes del PSOE se unen a otros del PP y UPyD contra los "pinganillos" en el Congreso

Exministros, expresidentes autonómicos del PSOE han firmado junto a otros del Partido Popular y de UPyD, una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para protestar contra la introducción en la Cámara de lenguas distintas al castellano, la "lengua común" de España, que obligará a los parlamentarios a ponerse pinganillos para entenderse.

Entre los firmantes socialistas están nombres como José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero, Javier Rojo, Joaquín Leguina, Juan José Laborda, Tomás Gómez y José Rodríguez de la Borbolla (más el ya expulsado del PSOE Nicolás Redondo y Soraya Rodríguez, ahora en Ciudadanos), que contradicen así la posición de la dirección de su partido, favorable a este cambio en el Reglamento del Congreso que permitirá el uso del catalán, el vasco y el gallego en los discursos y los escritos que los grupos parlamentarios realicen en el Congreso.

Entre los del PP, cuya presencia es menos controvertida porque ellos sí coinciden con el rechazo de su partido a la reforma del Reglamento, están María Dolores de Cospedal, Juan Carlos Aparicio, Rafael Catalá, Luis de Grandes, Soledad Becerril y Jesús Posada. 

También se han adherido al manifiesto exministros o exdiputados de UCD, como Rodolfo Martín Villa y de UPyD, como Rosa Díaz y Fernando Maura.

Los firmantes recuerdan que, en su trayectoria política y parlamentaria, siempre se han expresado y entendido en castellano. "Lo hemos hecho con total normalidad ya que el castellano es nuestra lengua común, la lengua en la que todos los españoles, sean vascos, andaluces, castellanos, catalanes, extremeños,... nos entendemos en nuestra vida cotidiana en todos los lugares de España. Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español", argumentan.

"Por eso nos ha causado gran estupor y mayor consternación la iniciativa de pretender modificar los usos de la Cámara, convirtiéndola en una institución plurilingüe", añaden, denunciando que, además, el cambio se haga "de manera escandalosamente precipitada y con el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo demoliberal": que las modificaciones del Reglamento "han de contar con un amplio acuerdo de los grupos parlamentarios". 

En su opinión, que "la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable, una verdadera ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático".

Por ello, estos expolíticos expresan su "más firme rechazo a una reforma del Reglamento que contradice la Constitución, no se adecua a nuestra realidad lingüística y no es razonable". Su argumento es que "la pluralidad de lenguas habladas en nuestro territorio es, claro está, una riqueza cultural, que todos los españoles apreciamos y nos importa preservar. Pero nuestra mayor riqueza es que poseemos una lengua común, en la que nos entendemos todos los españoles sin excepción".

Así, recuerdan que, según la Constitución, la lengua común es la única “lengua oficial del Estado”, y que las demás lenguas “serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas", pero "en ningún caso son 'lenguas cooficiales' del Estado". 

Y finalizan denunciando que "la verdadera intención de sus promotores es negar la condición del castellano como lengua común de los españoles" y los diputados tendrán que usar un pinganillo para entenderse entre ellos, "alejando la política de la vida normal de los españoles", dado que estos nunca se lo ponen "para poder dialogar con un compatriota, pudiendo hacerlo en la lengua común de ambos".