Lo último sobre los cursos de formación de desempleados de la Junta
El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, anunció hoy la publicación de las bases reguladoras y la convocatoria de 2023 de los cursos de formación de desempleados de Castilla y León, que rondará los 53 millones, una cifra similar a la del ejercicio pasado.
Antes de presidir la entrega de los premios Consumópolis a los centros educativos por sus trabajos sobre consumo responsable y la prevención de riesgos escolares, que tuvo lugar en Valladolid, Veganzones aseguró que la convocatoria ya está “en cartera”.
El consejero recordó, según recogió la Agencia Ical, que el año pasado la Junta sacó adelante la mayor convocatoria de cursos de formación que ha habido en la “historia” de la Comunidad. No en vano, precisó que solo el programa de formación de desempleados “casi” duplicó el presupuesto, al pasar de los 30 a los 53 millones de euros. “Todos esos recursos que tenían encomendados, en exclusiva, los agentes sociales y económicos van a estar desarrollados de una forma más potente y más profesionalizada por todas las empresas de formación que hay en Castilla y León, que son muchas y muy buenas”, aseveró.
Mariano Veganzones avanzó que en 2023 será una cifra “similar”, aunque no se han concretado, a falta de cerrar las cifras por que se está a la espera de que la Conferencia Sectorial publique la distribución de fondos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En todo caso, destacó que la convocatoria autonómica, “probablemente”, saldrá con un presupuesto “ampliable”.
Los 53 millones irán destinados a la formación de desempleados, a lo que hay que añadir los cursos para ocupados, los programas de mixto en colaboración con las entidades locales ni los de orientación, formación e inserción laboral. Por lo tanto, el presupuesto de la Junta en esta materia superará los cien millones de euros.
Preguntado por el funcionamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), el consejero aseguró que lleva a cabo su labor con el mismo equipo de profesionales y con un presupuesto “adecuado” para llevar a cabo la resolución de los conflictos colectivos, después de que lo aprobara el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.