El Procurador del Común denuncia la “deficiencia” del servicio del comedor escolar por la demora en la adjudicación de contratos y los comensales de 2 a 3 años

​La Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT denunció en septiembre “irregularidades” en el proceso de licitación de los comedores escolares de Castilla y León.

|

Comedor infantil


El Procurador del Común ha denunciado la “deficiencia” en la prestación del comedor escolar por la demora en la adjudicación de contratos y los comensales de 2 a 3 años, que reciben este servicio desde el presente curso 2022-2023. La Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT en Valladolid denunció en septiembre “irregularidades” en el proceso de licitación de los comedores escolares de Castilla y León. 



La resolución recibida de esta institución requiere a la Consejería de Educación y da la razón al sindicato en todos los aspectos que la queja recogía. De este modo, la resolución afirma que “se deben adoptar las medidas que eviten situaciones como la que ha dado lugar a la demora en la adjudicación de los contratos para la prestación del servicio de comedor escolar en los centros educativos de la Comunidad, de modo que las nuevas condiciones en las que se preste el servicio no incidan en los usuarios tras el inicio del curso escolar”.


UGT también denunciaba que este curso se ha iniciado con comensales del primer ciclo de educación infantil y que no existe normativa al respecto ni se recoge en los pliegos de licitación para los próximos cinco años abiertos en las distintas provincias. Por eso, el Procurador del Común aduce que “dado que, en el presente curso escolar, se han ofertado en los centros públicos las plazas escolares para el primer ciclo de educación infantil (de 2 a 3 años), también se deben adoptar aquellas medidas que sean requeridas para que el servicio de comedor escolar se ajuste a las necesidades reales del nuevo alumnado”.


Además, esta institución recuerda que los procedimientos de contratación de los servicios de comedor escolar deben llevarse a cabo con la “mayor transparencia posible”, en particular en el marco de la representatividad atribuida a las organizaciones sindicales, facilitándose a las mismas, en un plazo razonable, teniendo en cuenta la legislación de transparencia, la información que soliciten sobre dichos procedimientos”


Del mismo modo, el Procurador del Común reconoce que “nos encontramos ante una deficiencia en la prestación de un servicio como el del comedor escolar, por lo que deben adoptarse las medida necesarias para que la misma no se reproduzca, y para que las incidencias que puedan darse tras hacerse efectivas la nuevas licitaciones no tengan efectos negativos para los usuarios del servicio de comedor escolar, todo ello conforme a los principios de mejora continua, anticipación o proactividad por los que ha de regirse la actuación de la administración autonómica”.


Ahora se inicia el periodo en el que la propia administración debe pronunciarse sobre si acepta o no la resolución propuesta por el Procurador. Desde UGT, aseguran que seguirán velando porque las empresas adjudicatarias cumplan todos los aspectos de los pliegos y porque la administración ejerza todos sus mecanismos de control. De hecho, actualmente, y ante la proximidad del cambio de empresa en algunas provincias como Valladolid, UGT ya ha adelantado que denunciará cualquier situación que vulnere los derechos de los trabajadores de los comedores escolares.


Inspecciones “más exhaustivas”

UGT reclamó que, ante la alarma causada en algunas familias tras los últimos acontecimientos del hospital de León gestionado por una de las empresas (Serunión) que de momento apunta como posible concesionaria en cinco de las nueve provincias de la Comunidad (Zamora, Segovia, Palencia, Ávila y Valladolid), las inspecciones de la trazabilidad de los alimentos en los comedores escolares que se gestionan en la mayoría de los centros por línea fría sea mucho “más exhaustiva”.


No en vano, recordó que el proceso desde la fabricación al consumo del alimento puede llegar a ser hasta de 16 días y las inspecciones de sanidad en los propios centros escolares no suelen contemplar más allá de aspectos de limpieza de utensilios, vestimenta del personal y otros procedimientos que no están relacionados con el consumo final, trazabilidad, cadena del frío, proceso de regeneración de los alimentos y propiedades de la comida que se consume en los propios centros escolares, a no ser que surja un problema y se actúe. Por eso, el sindicato consideró que las inspecciones deben ser preventivas y estar orientadas a la mejora de la calidad del servicio y no sancionadoras “como siempre ocurre en estos casos”.