Veganzones abrirá el Diálogo Social a nuevos sindicatos como Csif, CGT y USO y a las cámaras de comercio y Empresa Familiar

El consejero de Industria, Comercio y Empleo asegura que la ley obliga a contar con los miembros “privilegiados” de la participación institucional como UGT y CCOO y la patronal CEOE pero no excluye a los otros.

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El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, aseguró hoy que la Junta abrirá el Diálogo Social, durante el trámite participativo para negociar nuevos acuerdos en materia de políticas activas de empleo, a otros sindicatos “importantes” y con representatividad como Csif, CGT y USO y a las cámaras de comercio y la asociación Empresa Familiar, por parte de la patronal. 


De esta manera, subrayó que se busca que la negociación sea “más diálogo y más social que nunca” al no contar solo con los miembros “privilegiados” de la participación institucional como los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE. No en vano, precisó que casi “cogobiernan” en la Junta ya que estas entidades tienen que estar, obligatoriamente, en “todos” los ámbitos de la participación institucional. 


Con motivo de una rueda de prensa para valorar los datos del paro del mes de septiembre, Veganzones aseguró que la Ley del Diálogo Social no excluye que participen en la negociación otros actores, por lo que no será necesario modificar la norma. “La Junta tiene la obligación de hacer rondas con las entidades más representativas sindicales y patronales pero no impide que sea más participativas con otros actores”, añadió. 


Por lo tanto, señaló que la Junta se dirigirá a esos otros sindicatos y patronales por si desearan participar en “alguna” ronda de debate sobre las estrategias que están sobre la mesa. “Nunca han participado a la hora de poner en común sus observaciones en las estrategias y creemos que también deben ser partícipes”. 


Entre esas convocatorias, están como autoempleo, cooperación de economía social, empleo local y social, inserción entre mediación y adaptación que, según el consejero, estarán adaptadas a la realidad y no las que “esconden” subvenciones para patronal y sindicatos, por valor de 20 millones de euros. “Las nuevas estrategias solo deben incluir medidas de políticas activas del empleo, a favor del empleo y para los trabajadores”, sentenció. Fue entonces cuando justificó la negativa de su consejería a subvencionar la Cátedra de Diálogo Social de este año al considerar que no es una política activa de empleo.


“Tranquilidad” ante la judicialización

Preguntado por la decisión de los sindicatos UGT y CCOO junto a CEOE para judicializar algunos de los acuerdos del Diálogo Social que debería haber convocado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en materia de inmigración y salud laboral, Veganzones respetó esa medida. “Pueden acudir a los tribunales pero nosotros tenemos toda la tranquilidad del mundo por que tenemos el informe de la Asesoría Jurídica de la Junta que habla de que la mayor parte de los acuerdos firmados con los sindicatos y patronal son políticos”, aseveró. 


El consejero añadió que los Servicios Jurídicos de la administración autonómica, tras el encargo del presidente de la Junta, definió, “con buen criterio”, que la mayor parte de los 18 acuerdos del Diálogo Social es de “tipo político”, cuyo cumplimiento se somete al carácter discrecional de todo acuerdo político. En este sentido, recordó que con un nuevo Gobierno en la Junta hay “otras” formas de entender las políticas activas de empleo y se llega a nuevos acuerdos.


Incidió que el acuerdo “político” es el convenio que no se enmarca dentro del Régimen Jurídico de las administraciones públicas. “Todo lo que no tenga unas obligaciones económicas tramitadas de acuerdo a esa ley ni la de contratos públicos, se circunscribe a la ley del Consejo Diálogo Social, que marca un criterio y una regulación de un tipo de acuerdos muy específicos”, expuso. 


Frente a la advertencia lanzada hoy por los secretarios autonómicos de CCOO y UGT de que la “desactivación” de las políticas activas de empleo, cuya ausencia de convocatorias ha causado la pérdida de 100 millones de euros para formar a cerca de 50.000 personas y la ocupación de 20.000 desempleados, obligará a la devolución de ese dinero al Estado, el consejero lo negó “rotundamente”. “Ejecutaremos al máximo todo el presupuesto disponible, con 102 millones de euros en políticas activas de empleo para las entidades locales, que pretendemos ampliar hasta los 128 millones a finales de año”, significó. Otra cosa, precisó, será que haya renuncias en las convocatorias.