Castilla y León, La Mancha y Aragón exigen al Gobierno que aplique ya beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social en Soria, Cuenca y Teruel
Carriedo, Martínez Guijarro y Pérez explican a CEOE en estas provincias su herramienta jurídica para lograr una fiscalidad diferenciada para estos territorios acorde a las normas de la UE.
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, insistieron hoy en la importancia de que el Gobierno de la Nación aplique ya una fiscalidad diferenciada para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social.
Los representantes políticos de las tres comunidades celebraron hoy una reunión de trabajo telemática con los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Soria, Cuenca y Teruel y con la coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), Sara Bianchi, para explicar el trabajo realizado por sus gobiernos autonómicos en referencia a las normas y actuaciones para que los estados miembros puedan conceder ayudas estatales a las empresas para fomentar el desarrollo económico de las zonas escasamente pobladas de la UE.
La reunión sirvió para analizar el documento técnico elaborado por las tres comunidades, en el que se facilita la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea. El documento fue remitido al Gobierno de España con el fin de dar respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para estas tres provincias, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional.
En concreto, el documento defiende que la forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.
El informe elaborado por las tres comunidades autónomas y enviado al Gobierno, y que se explicó hoy a los representantes de las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel, pone de manifiesto que este régimen "propiciaría la atracción y la consolidación de empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción". De esta forma, "se crearía o se mantendría empleo en estos territorios, frenando así su creciente despoblación".
Reducción de gastos corrientes
De este modo, según el citado informe, el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6 por ciento, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20 por ciento de los costes laborales. En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,3 por ciento, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20 por ciento de los costes laborales del trabajador por cuenta propia.
El texto indica asimismo que las ayudas se establecerán con carácter "indefinido", en tanto en cuanto sean compatibles con la normativa europea. No es necesario que las empresas tengan su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida, aunque solo resultarán de aplicación los costes laborales incurridos por las empresas en la mencionada zona. Sí se exigirá la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia y que residan ahí, fijándose un mínimo de 183 días en el año natural de permanencia y exigiéndose su empadronamiento.
Entre los requisitos de los beneficiarios se encuentra su incorporación efectiva al Sistema RED, de remisión electrónica de datos, o hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social durante la aplicación de la ayuda.