No obtante, expusieron que la Delegación del Gobierno en Castilla y León no les ha convocado todavía, por lo que solicitarán una reunión a su delegado, para exponerle "la necesidad de que el Gobierno de España una esfuerzos y aporte recursos económicos junto a la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial".
Las opas también pidieron la instauración de ayudas de mínimis para todas las explotaciones afectadas por el incendio de Navalacruz, la exoneración en determinados pagos (IBI, cuotas de Seguridad Social, pastos comunales, etc), subvenciones para la reposición de cerramientos, maquinaria y naves destruidos, préstamos bonificados, disminución de la carga fiscal en el IRPF del año próximo, así como flexibilizar los movimientos de ganado entre términos municipales próximos por motivos de bienestar animal.
Asimismo, reclamaron que las superficies de pastos quemadas puedan seguir siendo elegibles a efectos de poder justificar los derechos de Pago Básico en las declaraciones anuales de ayudas y poder percibir las ayudas de la PAC en años sucesivos.
Por otro lado, demandaron a la Junta la supresión de las tasas por servicios administrativos y veterinarios. Además, pidieron contemplar como causa de fuerza mayor y flexibilizar las condiciones del cumplimiento de plazos e inversiones en los casos de jóvenes que se han incorporado a la actividad y han perdido parte de las inversiones ya realizadas -entre ellas en ganado, naves o maquinaria-, o de aquellos que tienen pendiente certificar sus expedientes para poder recibir las ayudas de incorporación al campo.
Para el seguimiento de las actuaciones de la administración, las opas propusieron la creación de un comité de seguimiento, para analizar y evaluar la ejecución de las ayudas y otras actuaciones que se lleven a cabo en la amplia área devastada por el incendio. En dicho comité estarían integradas tanto representantes de las opas como de las administraciones que aporten recursos a la zona afectada por el incendio.