Las denuncias formuladas a fecha de hoy por incumplir la normativa vigente en materia de salud pública y para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ascienden a 557, según los registros de la Delegación Territorial de la Junta en Soria. Estas denuncias han sido expedidas por la Guardia Civil (360); Policía Nacional, (87); Policía Local, (84); e Inspección del Servicio Territorial de Sanidad, (26).
En cuanto a la competencia para tramitar estas denuncias, a la Junta de Castilla y León le corresponde 103 (14 a la Delegación Territorial y 89 al Servicio Territorial de Sanidad) y a la Administración Local (ayuntamientos) 454.
De las 103 denuncias que, hasta el momento, deben tramitarse por la Junta de Castilla y León, ya se han incoado 79 expedientes, de los que 70 corresponden al ámbito del Servicio Territorial de Sanidad y nueve a la propia Delegación Territorial. En todos los casos, el órgano competente para la resolución de los expedientes sancionadores es la delegada territorial.
Las 89 denuncias que en este momento tramita el Servicio Territorial de Sanidad son, nueve por incumplimiento de aislamiento, 11 por incumplimiento de cuarentena, 20 por no usar mascarilla según la normativa, 17 por fumar sin cumplir las limitaciones establecidas (13 sin guardar la distancia, tres por fumar en terraza y una por fumar en un mercadillo), 28 por reuniones de más de seis personas en vivienda (en tres viviendas distintas), dos por incumplir la limitación espacial en piscinas, una por incumplir aforo, distancia y uso de mascarilla y una por no respetar la restricción de entrada en municipio confinado (Aranda de Duero).
De los expedientes ya resueltos, dos son por incumplimiento de aislamiento (personas con PCR positiva), con sendas sanciones de 3.001 euros, uno por incumplimiento de cuarentena, de 1.000 euros; tres de 60 euros por fumar sin cumplir con la distancia marcada por la normativa y uno de 80 euros por mal uso de la mascarilla.
Las 14 que se tramitan desde la Delegación Territorial se corresponden, seis por incumplimiento de horario de cierre, cuatro por incumplimiento del toque de queda (estas se trasladan para su tramitación a la Agencia de Protección Civil), dos por incumplimiento de deber de colaboración y dos por celebración de actividad prohibida o suspendida.
De estas, ya se han resuelto siete expedientes, ascendiendo una denuncia a 3.000,01 euros, por la celebración de una actividad prohibida o suspendida y seis por un importe de 100 euros: cinco por incumplimiento de horario de cierre y una por incumplimiento de deber de colaboración.