La iniciativa socialista pretende impedir la puesta en marcha de cualquier protocolo, medida o actuación que socave o pretenda influir en la libre elección de las mujeres sobre la interrupción o no de su embarazo mediante estrategias o coacciones de cualquier tipo.
El Alto Tribunal da la razón a la Junta y a la Audiencia porque los menores se hallaban “en situación clara de desprotección” por la incapacidad de la madre de atenderlos.