Perdió sus cuatro extremidades en mayo y reivindica estos profesionales en los hospitales públicos de la comunidad para evitar que pacientes como ella tengan que viajar a Madrid, a un precio de 600 euros semanales.
El CPFCyL se une al Consejo General de Fisioterapeutas de España para exigir la derogación del programa que lo permite y apuntan hacia las movilizaciones en caso de no ser escuchados por la Administración.
